Para 24 horas más fue postergada la Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares programada por el tribunal Oral en lo Penal de Arica para el caso de la pastora aymara Gabriela Blas, cuya sentencia condenatoria – de abril pasado- fue anulada este lunes por la Corte de Apelaciones. El defensor público del caso, Víctor Providel, reclamó en audiencia por tal aplazamiento, solicitando que se buscara cumplirlo hoy mismo dado que su defendida lleva más de 3 años en prisión preventiva, ha sido absuelta de dos de los tres cargos iniciales y sobre el restante pesa la nulidad procesal sancionada ayer.
El presidente del tribunal constituido a las 08:50 horas de ayer, Guillermo Rodríguez González, manifestó que no tenía conocimiento oficial de la anulación del juicio y que los integrantes que estarían a salvo de inhabilidad en el caso ya habían iniciado un juicio oral, pero que la revisión podría efectuarse mañana. El defensor penal público hizo notar que para los derechos de la imputada un día más de prisión era muy importante, especificando que si la audiencia de hoy no hubiera registrado más de 20 minutos de retraso no se hubiera producido el problema, ya que a las 8:30 horas no estaba aún iniciado un juicio oral que ocupó a los restantes magistrados.
Providel también expresó su extrañeza ante el desconocimiento oficial de la nulidad pronunciada por la Corte de Apelaciones, toda vez que fue noticia titular en la prensa local y destacada en lo nacional. También apareció en la primera plana de la página web del Poder Judicial. El abogado señaló además que la Corte de Apelaciones de Arica se ubica a sólo dos cuadras del Tribunal Oral.
Gabriela Blas Blas, una pastora de la zona altiplánica de Alcérreca (al extremo norte de la Región de Arica) está detenida desde el de agosto del año 2007, cuando denunció el extravío de su hijo. Posteriormente se le acusó de abandonarlo para que muriera y en abril pasado el tribunal Oral en lo Penal de Arica la condenó a 10 años y un día por esa figura legal, absolviéndola de los cargos de obstrucción a la investigación y de incesto.
La Defensoría Penal Pública recurrió de nulidad ante la Corte Suprema, la que remitió el caso a la Corte de Apelaciones de Arica que, en pronunciamiento unánime, anuló el juicio y la sentencia, declarando la inhabilidad de los jueces que participaron en el juicio para seguir actuando en el caso.
El tribunal constituido ayer estuvo integrado también por Carlos Rojas y por Héctor Gutiérrez
