Con una sala repleta de prensa y de familiares de los detenidos, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica dio inicio, a las 16:00 horas, el veredicto de uno de los casos policiales más emblemáticos en Arica, donde el Ministerio Público acusó, el pasado 25 de noviembre del 2013, a siete personas, entre ellas, cuatro ex funcionarios de la Sección OS-7 de Carabineros de Arica y a tres civiles, por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, falsificación e infracción al artículo 229 de Código Penal.
Luego de una hora de lectura del veredicto el Tribunal de Arica decidió absolver de todos los cargos que imputó la Fiscalía a los siete acusados, lo que permitió demostrar la inocencia y la absolución del mayor Victor Rodriguez Huerta, del capitán Leonardo Vilches Sepúlveda, representados por el defensor particular Alejandro Peña; del sargento Nelson Gavilán Santos representado por la Defensora Penal Pública, Paola Sepúlveda; y el sargento Fernando Vidal Fabres, defendido por el Defensor Penal Público, Alejandro Cox, todos en libertad, excepto este último, luego de un año de prisión preventiva.
“Desde el primer día mi representado no tenía ninguna participación dolosa en estos hechos y siempre pensamos que las actuaciones llevadas por la institución policial era licitas, es por ello, que era el único Carabinero que estaba en ejercicio de sus funciones y es el único policía que no lograron dar de baja por motivo de este procedimiento”, dijo Alejandro Cox, Defensor Penal Público de Vidal.
En tanto, de los civiles acusados fueron absueltos el transportista, con las iniciales F.S.R., representado por el defensor privado, Esteban Basaure; el chofer L.G.F. defendido por Carlos Opazo; y del civil F. A.Y., representado por el abogado particular Renato Solar.
VEREDICTO
El tribunal informó en el veredicto, la absolución de todos los cargos que le imputo el Ministerio Público, y aclaró en la lectura que los hechos fueron parte de un procedimiento policial dirigido y bajo el conocimiento del fiscal, Manuel Gonzalez, donde se confirmó que él concia el procedimiento y autorizó el ingreso del informante con la droga en el procedimiento del mes de septiembre. Asimismo, se pudo acreditar por el tribunal que el procedimiento del 5 de agosto estaba con una orden escrita por el fiscal.
“Estamos muy contentos porque se ha hecho justicia. Este proceso que se arrastró durante un año, en donde siempre manifestábamos nuestra total inocencia de los oficiales y los sub-oficiales de carabineros, lo que actuaron siempre bajo el estricto cumplimiento de un procedimiento policial y siempre bajo las instrucciones del Fiscal y es lo que el tribunal ha estimado. Estamos muy cansados pero satisfechos, felices porque al fin la verdad a relucido”, expresa el abogado particular, Alejandro Peña.
En segunda instancia, el Tribunal destacó que nunca hubo riesgo de afectación a la Salud Pública sino que se trató de un procedimiento policial, en donde la droga estuvo custodiada y luego destruida en su totalidad.
Y por último, se ratificó en el veredicto que los únicos responsables de tráfico fueron los extranjeros dejados en libertad por la fiscalía.
Frente a esto, la Defensora Penal Pública, Paola Sepúlveda expresó que, “fue un largo camino para llegar a la verdad, donde la verdad es que ningún funcionario policial traficó, que ellos solamente participaron en un operativo policial, que si bien puede tener algunos errores en ningún momento significó tráfico”.
Además, agrega que su representado fue privado de libertad durante un año y quince días, “lo que ha significado una merma en él, un perjuicio al ser sargento y que de un día para otro fuese formalizado siendo que él, en el momento que se hizo ingreso de la droga, se encontraba de vacaciones, hecho que fue demostrado en el juicio y que el tribunal pondero para la absolución. Finalmente fue un daño ya que fue dado de baja por los dichos de la fiscalía en la audiencia de formalización. Claramente se cometieron muchas injusticias en su contra”.
LOS HECHOS
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex funcionarios policiales habrían planificado supuestamente en dos oportunidades durante el 2013 la internación de dos grandes cargamentos de droga a nuestro país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera, lo que fue desestimado por los jueces al comprobarse que su implicancia en los hechos era bajo un procedimiento policial.
Asimismo, según la acusación, la indagatoria estableció la elaboración de partes policiales falsos y el uso de entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público, lo que se desestimó al comprobarse que el Fiscal a cargo sí estaba en conocimientos de los procedimientos.
