En 2017, la Comunidad Aymara de Chucuruma denunció ante la opinión pública y los organismos de derechos la vulneración de sus derechos territoriales por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, entidad que -a través del Decreto Exento № 215 del 5 de julio de ese año- destinó al Ministerio 9.000 hectáreas de las tierras que históricamente ha poseído, con el fin de que fueran utilizadas para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”.
Tal como denunciamos oportunamente, con esta medida el Estado trasgrede el Artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece expresamente la prohibición de desarrollar cualquier tipo de actividad militar en territorios indígenas, a no ser que las comunidades hayan dado su consentimiento libre, pleno e informado en el marco de un proceso de consulta; proceso al que, además, el Ministerio de Bienes Nacionales estaba obligado en virtud del Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales
Desde que se denunciara la situación, la Comunidad ha estado en un intenso proceso de defensa de sus derechos, que ha involucrado tanto la movilización social, la acción judicial y la negociación política. Tras meses de infructuosas gestiones, queremos denunciar ante la opinión pública, las organizaciones indígenas, los organismos de derechos humanos hechos de enorme gravedad que dejan de manifiesto la mala fe con que han actuado las autoridades a nivel regional y nacional
- El 27 de noviembre de 2017 representantes de la comunidad sostuvieron una reunión con la Sra. Nivia Palma, Ministra de Bienes Nacionales. En la ocasión, la secretaria de estado manifestó su disposición a solucionar con prontitud el problema y restituir a la comunidad sus tierras; asumiendo el compromiso de tomar las medidas administrativas necesarias en un plazo no superior a 15 días.
- Pese a este compromiso, en su informe a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde radica el recurso de protección interpuesto por la comunidad (fechados el 12 de diciembre de 2017), el Ministerio de Bienes Nacionales sostiene que las tierras destinadas al Ministerio de Defensa NO son tierras indígenas, aunque ya obraban en su poder antecedentes suficientes que respaldaban la reivindicación de la comunidad. Vale decir, en el mismo momento que la Ministra Palma se comprometía con la comunidad, su equipo jurídico preparaba un informe que en nada respaldaba ese compromiso.
- Con fecha 15 de febrero de 2018, la Ministra de Bienes nacionales responde recién a una carta enviada por los dirigentes de la comunidad el 14 de noviembre de 2017. En su misiva, la Ministra Palma, al parecer afectada de amnesia, informa a la comunidad que al momento de adoptarse la decisión de destinar las tierras no disponía de antecedentes que permitieran acreditar que se trataba de tierras indígena; y, manifiesta su “disposición a colaborar en un diálogo permanente para la solución conjunta”; dejando claro, además, que el órgano administrativo por ella liderado “actuó conforme a derecho y a la normativa legal vigente”. ¿Debe la comunidad de Socoroma entender, entonces, que el Convenio 169 de la OIT no es considerado por la Ministra como parte del sistema normativo en el país.
- La misma mala fe de la Ministra de Bienes Nacionales se ha evidenciado en el actuar de las autoridades regionales. Prueba de ello es que -en reunión sostenida con la Intendenta, Sra. Gladys Acuña, y el Gabinete Regional el 20 de noviembre de 2017- la representante de la presidenta de la república en la Región manifestó la voluntad del gobierno de buscar una solución al conflicto antes de que concluyera el año. Igualmente, en la ocasión asumió el compromiso de agilizar la demarcación y titulación de las tierras de la comunidad y de desarrollar durante el año pasado un estudio en profundidad sobre los sitios arqueológicos disponibles en las tierras afectadas; todos ellos compromisos vanos, ya que no se realizó gestión alguna por materializarlos.
- A pocos días de concluir la administración de la Presidenta Bachelet, ninguno de los compromisos asumidos por el gobierno se ha cumplido. Una vez más los pueblos indígenas confirmamos el poco valor que tiene la palabra empeñada para los poderosos; y la casi nula voluntad política para responder adecuada y oportunamente a nuestras legítimas reivindicaciones territoriales.
La comunidad aymara de Socoroma no se dejará avasallar; agotará todas las vías judiciales nacionales y acudirá, de ser necesario, a los tribunales internacionales para obtener justicia.
Llamamos a las organizaciones indígenas y a los movimientos sociales a solidarizar con nuestra lucha. Convocamos a los parlamentarios locales a pronunciarse respecto de esta injusticia. Instamos al Instituto Nacional de Derechos Humanos a involucrarse efectivamente en la defensa de los derechos de nuestra comunidad.
