Tribunal despachó orden de detención al socio de empresario y a inspector municipal quienes no se presentaron a la audiencia.
Ayer en el Tribunal de Garantía de Arica, la Fiscalía formalizó al empresario Jorge Soto Correa por su presunta responsabilidad en delitos vinculados a la ejecución del contrato para la reposición del Parque Centenario (parque acuático), y cuyo perjuicio alcanzan los poco más de 471 millones de pesos.
El Fiscal a cargo Francisco Ganga, formuló cargos en contra del imputado en calidad de autor del delito de fraude al fisco, luego que la investigación estableciera que la empresa constructora Andalién –de propiedad de Soto Correa- recibió diversos pagos por trabajos aún no realizados.
En la misma audiencia la Fiscalía pretendía formalizar por el mismo delito al socio de Jorge Soto, de iniciales E.L.C., y al ex funcionario municipal e inspector técnico de obras F.O.C., sin embargo no se presentaron en tribunales. A raíz de ello se despachó orden de detención en contra de E.L.C., mientras que para el funcionario público se fijará una nueva fecha de imputación de cargos.
Pagos
De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia, el 11 de marzo de 2011 la Ilustre Municipalidad de Arica adjudicó a la constructora Andalién la propuesta pública número 52 de ejecución del contrato para la reposición del parque centenario, fijándose un plazo de ejecución de las obras de 400 días. Sin embargo, la firma no logró cumplir con las etapas de avance ni especificaciones técnicas. A raíz de ello, con fecha 11 de mayo de 2012, se dio término anticipado al contrato.
La indagatoria estableció que la empresa recibió diversos pagos por obras no ejecutadas, así como trabajos defectuosos e inconclusos. Asimismo se determinó que sus propietarios entregaron información falsa con la finalidad de adjudicarse la propuesta y respecto a los estados de pago.
En este sentido, el inspector técnico de obras F.O.C., validó y autorizó diversos pagos a la empresa por trabajos no realizados y defectuosos.
Por otro lado, se estableció que se presentó información falsa respecto a los profesionales contratados por la firma que trabajarían en la obra, así como antecedentes adulterados que aseguraban la solvencia económica de la empresa a la hora de postular a la licitación.
Durante la audiencia, el Fiscal Francisco Ganga informó que el monto del perjuicio alcanzó la suma de $471.456.679 pesos.
“En la audiencia señalamos que hay engaño respecto a la posición económica que presentó la empresa al momento de postular, que también hay engaño respecto del staff de profesionales que se decía formaban parte de la empresa y que en un aspecto técnico se detectó diferencias en cuanto a la ejecución de la obra respecto a lo que se pagó. Se cuantificó en términos porcentuales y a través de un análisis pericial contable se estableció el perjuicio al fisco”, expresó el Fiscal Francisco Ganga.
El persecutor agregó que “el informe de la comisión liquidadora estableció que a la fecha en que se pone término anticipado al contrato el porcentaje de avance era muy poco. La empresa tenía un plazo de 400 días para culminar el trabajo y cuando se cumplieron los 378 días había un 30 por ciento de ejecución de la obra. Eso demuestra la incapacidad técnica que tenía la empresa para ejecutar la obra y también sus problemas económicos”. El Juzgado de Garantía decretó como medida cautelar la obligación de firmar bimensualmente por parte del imputado.
