Una batería de medios de prueba, entre los que se incluyen imágenes de video, testigos y prueba pericial, presentará la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota, en el marco del juicio oral contra del acusado por distribuir y lanzar bombas Molotov en las cercanías de la Gobernación Marítima y en la Rotonda Tucapel, hechos registrados en octubre y noviembre del año pasado, en el contexto del estallido social.
El imputado se encuentra acusado en calidad de autor del delito de infracción a la Ley de Control de Armas, que sanciona a quienes fabrican, almacenan, distribuyen y arrojan artefactos incendiarios; y por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo anterior, en el marco de una investigación dirigida por esta unidad especializada de la Fiscalía del extremo norte, junto con la Sección OS-9 de Carabineros y cuyo juicio oral se realizará en agosto vía remota.
La indagatoria estableció que el acusado -quien trabajaba como encargado de máquinas surtidoras de combustible es un servicentro de Arica- participó de los incidentes y desórdenes públicos registrados en la noche del 28 de octubre, frente a la Gobernación Marítima. En ese lugar, transportó una caja de cartón con al menos 5 bombas molotov, las que fueron extraídas por encapuchados para arrojarlas. Así, el acusado también lanzó uno de los artefactos en dirección a un furgón de carabineros estacionado, donde se encontraba el conductor del móvil, mientras a que a escasos metros se encontraban otros funcionarios de carabineros.
En tanto, en la noche del 11 de noviembre, y en el contexto de desórdenes públicos registrados en el sector de Rotonda Tucapel, el acusado también arrojó un artefacto incendiario en dirección a personal de Carabineros. El acusad fue detenido en su lugar de trabajo, y posteriormente en su domicilio se incautó las vestimentas que utilizaba en las manifestaciones, además de un escudo metálico con manillas y 3 máscaras que usaba para protección contra los gases lacrimógenos. Por tales ilícitos, el acusado arriesga una pena única de 17 años y 6 meses
