Por décima vez, la Cámara Alta aprobó oficio presidencial para prorrogar la vigencia de la medida que dispone que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública resguarden áreas de zonas fronterizas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, y de Antofagasta, por otros 90 días más.
El senador José Miguel Pilo Durana, presidente de la Comisión de Seguridad Pública dijo que la prórroga de este decreto data de hace más de dos años y ha significado un esfuerzo logístico, humano y financiero importante para el Estado.
Sin embargo, precisó que, al renovar su vigencia, tienen el deber de detenerse y evaluar su eficacia real y sus efectos concretos en el control fronterizo, “porque los ingresos clandestinos de migrantes continúan sin control y entre 2022 y febrero de 2025 se han registrado 131.681 ingresos irregulares”.
Agregó que esta cifra es casi el doble que entre 2018 y 2021 y advirtió que lo más preocupante es que gran parte de ese periodo ha transcurrido bajo la vigencia del presente decreto que se aprobó la tarde de este martes en la Sala del Senado.
“La PDI mantiene una base de datos con más de 83 mil migrantes registrados mediante control biométrico, sin asegurar que esa sea su verdadera identidad. Lo mismo ocurre con Gendarmería que, quedó en evidencia tras la insólita liberación del sicario vinculado al crimen organizado”, reclamó Durana.
CRIMEN ORGANIZADO Y AUMENTO DE CONTRABANDO
El legislador precisó que, sólo en 2024 se incautaron más de un millón 300 mil huevos ingresados ilegalmente, y en los primeros cinco meses de este año, la cifra ya supera el millón, representando no solo una amenaza sanitaria, sino también un daño grave a la producción nacional y la seguridad alimentaria.
“Similar es la situación del ingreso irregular de especies vegetales y animales, que han propagado plagas desde nuestra frontera hacia todo el país. La Región de Arica y Parinacota se ha transformado en una zona de castigo, afectando gravemente al sector agrícola y al ecosistema”, subrayó el senador.
Añadió el robo de vehículos en el norte y su posterior traslado con total impunidad hacia Bolivia y Perú, asegurando que es un negocio ilícito que opera mediante pasos clandestinos, con organizaciones que no ven obstáculos reales en nuestras fronteras.
“Estos hechos ocurren a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, lo que nos obliga a revisar y reforzar sus atribuciones, facultades y recursos, y no seguir tolerando una medida que, en los hechos, no está logrando los resultados esperados”, concluyó Pilo Durana
