- A seis meses de promulgada la ley que regula la asignación de turno, todavía no se ha implementado
Frente a la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, las asociaciones de funcionarios ANTRAP, ANTRASE, ANFUR y AFUSE emplazaron este miércoles al Gobierno del Presidente José Antonio Kast para que implemente de inmediato la asignación de turno de los trabajadores de trato directo del Servicio Nacional de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia y del Servicio de Reinserción Social Juvenil. El beneficio acumula seis meses de atraso, pese a estar consagrado por ley y financiado en el Presupuesto 2026.
En el marco de esta acción, los dirigentes hicieron entrega formal de una carta con sus demandas al delegado presidencial de Arica y Parinacota, a la seremi de Desarrollo Social y Familia y al seremi de Justicia y Derechos Humanos.
La asignación de turno no es una concesión discrecional, sino un derecho establecido por los artículos 61 y 62 de la Ley N.º 21.806, publicada en enero de 2026. Esta normativa surgió como respuesta a un pronunciamiento de la Contraloría General de la República y fue el resultado de años de gestión gremial y política, contando con el respaldo activo de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el financiamiento garantizado en la Ley de Presupuestos para el año 2026.
Sin embargo, a pesar de este sólido marco legal y presupuestario, el proceso administrativo para su implementación no ha concluido, dejando a los trabajadores en una inaceptable incertidumbre. Esta situación no solo afecta la estabilidad económica de los funcionarios, sino que también erosiona la confianza en los compromisos del Estado y su capacidad para cumplir con las normas que promulga.
Las asociaciones emplazan directamente a los Ministerios de Desarrollo Social y Familia, y de Justicia y Derechos Humanos, a tomar medidas urgentes. Solicitan certezas concretas sobre los plazos de implementación, la superación de las trabas administrativas y el pago oportuno de la asignación, incluyendo los montos retroactivos correspondientes desde el 1 de enero de 2026.
«Nos hemos reunido en la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota para exigir al Gobierno la regularización inmediata de la asignación de turno, un pago congelado desde enero. Tras el traspaso al nuevo sistema de Protección y Reinserción, los trabajadores de residencias sufren una grave sobrecarga y la vulneración de sus derechos laborales. Aunque hay una ley miscelánea aprobada desde principio de año, las autoridades siguen sin dar respuesta. Exigimos soluciones urgentes por la dignidad de los trabajadores y el cuidado de los niños; de lo contrario, las movilizaciones van a ir en incremento”, expresaron los dirigentes regionales.
Asignación de turno, una medida urgente
La urgencia del petitorio radica en el fuerte impacto económico y el desgaste laboral que sufren los trabajadores de las residencias, cuyos turnos —por estricto diseño y exigencia institucional de los servicios para mantener la cobertura 24/7— se configuran obligatoriamente en extensas jornadas de 12 horas continuas, descartando cualquier carácter voluntario. Este nuevo beneficio legal fue diseñado para reemplazar al antiguo «pago promedio», un mecanismo que protegía las remuneraciones del personal durante sus vacaciones o licencias médicas, y que quedó suspendido tras un dictamen de la Contraloría. Para corregir este vacío y asegurar el presupuesto, el Congreso aprobó a principios de año una ley miscelánea que consagró este derecho a contar del 1 de enero de 2026.
Para solucionar este problema, la Ley de Reajuste 2026 creó la asignación de turno, un beneficio que busca compensar esa pérdida de ingresos y reconocer las particularidades del trabajo en sistema de turnos. Sin embargo, pese a que la ley estableció su aplicación hace seis meses, su pago aún no se ha implementado completamente, por lo que existen montos pendientes para muchos trabajadores.
Las organizaciones esperan una pronta respuesta de las autoridades competentes y la regularización de esta situación, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos laborales de sus representados.
