lunes, diciembre 2, 2024

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Caso Corrupción Municipal: Juicio Oral por Fraude y Cohecho

Un total de 100 escuchas telefónicas, además de abundante prueba documental y las declaraciones de poco más de 50 personas, entre testigos y peritos, presentará la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica durante el juicio oral que se inició esta mañana en contra del ex diputado Orlando Vargas Pizarro, el ex alcalde subrogante de la ciudad Osvaldo Abdala Valenzuela y el ex concejal Emilio Ulloa Valenzuela, en calidad de presuntos autores de fraude al fisco y cohecho, en el marco del caso corrupción municipal 2, por trabajos de mantención en el vertedero adjudicados a la empresa Asevertrans, que finalmente no se realizaron.
Esta indagatoria se inició luego que el 20 de febrero de 2015, y en el marco de la audiencia en que la Fiscalía logró condenar a 15 acusados, entre ellos el ex alcalde titular Waldo Sankán, el empresario Jorge Frías y cinco concejales, por diversos delitos de corrupción vinculados a esta misma renovación del contratado del vertedero, el Tribunal Oral en lo Penal presentara una denuncia en contra de estas tres personas por presuntos delitos de fraude al fisco y cohecho.
En este sentido, se acusó a Orlando Vargas, Osvaldo Abdala y Emilio Ulloa por el delito de fraude al fisco frustrado; sin embargo para este último acusado se suma el ilícito de cohecho pasivo. Así, las penas solicitadas por el Ministerio Público son de 3 años y un día por fraude al fisco y 600 días por cohecho para Emilio Ulloa; y 3 años y un día para los otros dos acusados. Asimismo, se solicita la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos, empleos y oficios públicos, además de multa por el perjuicio causado.
Investigación
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, a principios de febrero de 2012, y ante el próximo vencimiento del contrato adjudicado a la empresa Asevertrans sobre el vertedero, el dueño de la firma Jorge Frías, junto al entonces concejal Javier Araya y diputado Orlando Vargas, realizaron una serie de gestiones con el alcalde y el resto de los concejales de esa época, a objeto de que éstos aprobaran la extensión del contrato pese a las irregularidades detectadas.
En este sentido, la indagatoria de la Fiscalía acreditó que el empresario ofreció beneficios económicos a dichas autoridades edilicias, entre ellos el imputado Emilio Ulloa, quienes finalmente lo favorecieron renovando de forma unánime la licitación.
Asimismo, las diligencias permitieron establecer que pese a estar en conocimiento de las irregularidades de la empresa Asevertrans, el entonces alcalde subrogante Osvaldo Abdala de igual manera suscribió la renovación de la propuesta pública que favoreció a la firma y que causó un perjuicio de casi 3 mil 600 millones de pesos.

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