En septiembre se inicia el juicio oral del caso de las periodistas detenidas ilegalmente por carabineros en Arica durante el Estallido Social.
Después de casi tres años, el Ministerio Público, iniciará el juicio el jueves 1 de septiembre a las 8:30 horas en el Juzgado de Garantía de Arica por el delito de abusos contra particulares a raíz de la querella por tortura que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, en representación de las comunicadoras sociales Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo.
Mientras realizaban sus funciones como periodistas, en el contexto de la primera semana de revuelta nacional, fueron detenidas ilegalmente por cuatro funcionarios de carabineros, quienes con uso excesivo de la fuerza las intimidaron durante la detención, para que luego fueran coaccionadas a desnudarse en la Tercera Comisaría de Arica por quien actualmente es ex funcionaria de Carabineros.
Este es una de las más de tres mil querellas realizadas a nivel nacional por el INDH correspondientes al periodo octubre de 2019 a marzo de 2020, por hechos de por tortura, violación, lesiones, pérdida de la visión, fracturas e incluso asesinato. Estas cifras sólo corresponden a las personas que realizaron denuncias formales.
De acuerdo a los datos del INDH al 13 de julio de 2021, a nivel nacional se registraron 516 hechos de violencia sexual durante el estallido social, donde 360 corresponden a desnudamientos. En Arica, existen 72 querellas presentadas por la institución agrupando a 81 víctimas, de las cuales tres sufrieron violencia sexual, siendo menor de edad una de ellas en ese entonces.
De acuerdo al artículo 150 A del Código Penal, en su tercer inciso, define a la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, declaración o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se le impute haber cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona, o en razón de una discriminación fundada en motivos tales como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima (…)”.
Esta definición está basada en tratados internacionales en los que Chile está suscrito como la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La ex funcionaria de Carabineros arriesga una pena máxima de tres años de presidio menor en su grado medio en caso de ser declarada culpable del delito de apremios ilegítimos y de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo en caso de que el tribunal califique el delito como tortura.
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