Por Mara Sedini Viancos, Ministra Secretaria General de Gobierno
Chile lleva más de una década estancado. Arica y Parinacota, a pesar de registrar un crecimiento promedio del PIB de 3,3% entre 2013 y 2025, no ha escapado a esa tendencia de debilitamiento económico. Una cifra que podría parecer aceptable se revela insuficiente cuando miramos la realidad: la inversión se ha enfriado, los proyectos se atascan y miles de familias ven cómo las oportunidades se vuelven más esquivas. Una región frontera que debería liderar el desarrollo en el norte, dada su condición y su vocación productiva, necesita una economía que se mueva, empresas que inviertan, empleos que se mantengan en el tiempo. Y esa es, justamente, la deuda que arrastramos.
Hay un dato que ilustra bien lo que está en juego. En este momento, siete proyectos de inversión permanecen detenidos en evaluación ambiental en la región, acumulando un promedio de 686 días en evaluación. Detrás de esa burocracia hay 99 millones de dólares paralizados y hasta 912 empleos que no se están creando. Un exceso de burocracia que cuesta empleos, inversión y futuro.
Es desde esa realidad que como Gobierno presentamos el proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Un conjunto de medidas pensadas para que las regiones vuelvan a tener vuelo propio: simplificación de permisos para destrabar la inversión, rebaja del impuesto corporativo para que las empresas crezcan, y un crédito tributario al empleo formal que beneficiará directamente a más de 25.000 trabajadores ariqueños.
Quienes critican el proyecto sostienen que estaría hecho a la medida de unos pocos. Esa lectura desconoce un dato básico de cualquier economía: cuando se castiga a quien invierte, los que se quedan sin trabajo no son los dueños de las empresas, son los trabajadores. Cuando se asfixia a las pymes con tributos y trámites, las que cierran no son las grandes corporaciones, son los almacenes, los talleres y los pequeños emprendimientos que dan empleo en cada barrio. Aquí en Arica y Parinacota, la rebaja del Impuesto de Primera Categoría va a llegar a cerca de 3.600 empresas ProPyme, dándole respaldo a casi 14.800 trabajadores que dependen de ellas para sostener a sus familias.
La informalidad es otro frente urgente. En la región, 38.000 personas trabajan sin contrato, sin previsión, sin la protección mínima que cualquier país desarrollado garantiza. Reducir esa cifra no se logra con discursos: se logra haciendo que contratar formalmente sea viable para las empresas y atractivo para los trabajadores. Eso, exactamente, es lo que persigue el crédito laboral del proyecto.
A esto se suma una mirada particular sobre dos realidades sensibles. Primero, la vivienda: cargamos con un déficit habitacional de más de 12.000 unidades y casi 4.700 hogares allegados, números que hablan de familias enteras esperando un techo propio. Frente a ello, la exención del IVA a la venta de viviendas nuevas va a destrabar el stock disponible y abrir paso a nuevos proyectos habitacionales. Y segundo, los adultos mayores: cerca de 1.900 ariqueños dejarán de pagar contribuciones por su primera vivienda. Para muchos de ellos, vivir de una pensión y enfrentar esa cuenta cada cierto tiempo era una decisión silenciosa entre comer, comprar remedios o pagarle al Estado por la casa que ya es suya.
Algunos prefieren quedarse con la caricatura de que este proyecto solo beneficia a unos pocos. La economía no funciona con eslóganes: avanza con inversión, empleo y reglas claras. Y mientras algunos siguen entrampados en esa obsesión por el 1%, nosotros estamos legislando pensando en el 100% de los ariqueños: en quien madruga para abrir su local, en quien busca su primer empleo, en quien sueña con una casa propia, en quien espera llegar tranquilo a la vejez. Por eso trabajamos por una Arica próspera.
