Por : Camila Roberts Azócar. Seremi Mujer y Equidad de Género. Arica y Parinacota
La violencia contra la mujer es una realidad en nuestra región. Actualmente 1 de cada 3 mujeres vive violencia en el contexto de pareja, el 90% de las mujeres ha sido acosada en los espacios públicos, y se les adeudan miles de millones de pesos en pensiones de alimentos para 3.600 niños, niñas y adolescentes de nuestra región, lo que se traduce en violencia económica para miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estas cifras nos permiten dimensionar las múltiples manifestaciones de violencia que viven las mujeres en Arica y Parinacota.
Si bien ha habido avances importantes en materia de pago efectivo de deudas de pensiones alimenticias, con una nueva institucionalidad que nuestro gobierno ha puesto en marcha y que en menos de un año ha permitido grandes avances, en materia de sanción y erradicación de la violencia aún tenemos grandes desafíos. Nuestro país necesita urgentemente un marco legal que reconozca la violencia de género que se ejerce en espacios distintos al ámbito de las relaciones afectivas y/o familiares y que fortalezca el actuar pertinente de las instituciones involucradas.
Por eso hemos puesto como prioridad que el proyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género por fin sea ley, luego de más de seis años de tramitación. Se trata de una iniciativa fundamental para proteger -de forma más eficiente- a todas las mujeres de todas las formas de violencia. Es un marco normativo único y reforzado que establece obligaciones para todos los poderes del Estado con el objetivo de abordar adecuadamente la violencia de género.
Esta ley, que se implementará de manera gradual, nos permitirá avanzar en el fortalecimiento de las obligaciones del Estado, el cual debe velar por un debido acceso a la justicia y a la protección. En esta línea, se reconocerá a los niños, niñas y adolescentes como víctimas de la violencia que viven sus madres, no solo como testigos, para así asegurar un necesario proceso de reparación y protección.
Sabemos que gran parte de la desconfianza hacia las instituciones pasa por la sensación de impunidad y del incumplimiento de las medidas cautelares adoptadas en casos de denuncias, por lo que esta ley releva una sentida demanda de las mujeres: el fortalecimiento de las medidas cautelares y el establecimiento de un mecanismo de supervisión, que garantice su cumplimiento y pertinencia, avanzando en seguridad y justicia.
Sumado a lo anterior, esta ley establece cómo debe actuar Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones en caso de violencia contra las mujeres, lo cual aportará a generar mejores procesos, desde la recepción de las denuncias, momento clave para permitir que la mujer que ha sido víctima se sienta segura para reafirmar la continuidad del proceso.
Finalmente, si se llega a aprobar la ley, el Estado estaría obligado a fortalecer su actuar en materia de violencia contra las mujeres, en todos los aspectos y espacios, lo cual esperamos que, junto a los cambios sociales que se verían promovidos, nos permita llegar de mejor forma a todos los territorios, tanto urbanos como rurales, a mujeres de todas las edades y de las más diversas características y así, no tener que lamentar pérdidas ni traumas a causa de la violencia, menos aún de la violencia extrema, como es el caso de los femicidios, de los cuales hemos sido testigos como Región.
Tener un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres es un imperativo ético y su aprobación es la prioridad del Ministerio de la Mujer.
