La instancia se constituyó en la zona para escuchar de voz de las autoridades locales la información que tienen respecto a lo ocurrido con el joven Franco Vargas y otros conscriptos tras una marcha de instrucción en abril pasado.
Con el propósito de conocer los antecedentes que manejan las autoridades de la región de Arica y Parinacota, respecto del fallecimiento del conscripto del Ejército, Franco Vargas y los problemas de salud que afectaron a otros jóvenes tras una marcha de instrucción, la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó una sesión especial en la zona.
En la ciudad de Arica, los senadores Fabiola Campillai -presidenta de dicha instancia-, José Miguel Insulza y José Miguel Durana, escucharon al director del Cesfam rural de Putre, Aldo Rivera; a la seremi de Salud de Arica y Parinacota, Marta Saavedra; al director regional del Servicio Médico Legal, Mario Mejías; al fiscal regional, Mario Carrera y a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras. A la sesión también estaban invitados representantes del Ejército, que no acudieron, y diputados de la zona y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
Las principales dudas de los legisladores estuvieron centradas en conocer de primera fuente cómo se sucedieron los hechos el 27 de abril, fecha en que falleció el conscripto Vargas y otros jóvenes registraron problemas respiratorios y gastrointestinales, dos de ellos de carácter grave y que determinaron su traslado a Santiago.
El primero en hacer uso de la palabra fue el director del Cesfam donde fue trasladado el conscripto Vargas. Señaló que ese día llegaron dos funcionarios del Ejército con el conscripto fallecido y no tuvieron retroalimentación de lo que había sucedido con él y que, por la tarde, llegaron tres conscriptos más para ser evaluados medicamente, haciendo las derivaciones respectivas. Recordó que lleva 32 años trabajando en Putre, que siempre ha habido una relación de apoyo al regimiento, pero «no recuerdo haber atendido en estos años estas situaciones tan graves». Agregó que durante el mes de abril atendieron a 14 soldados por sintomatología respiratoria y gastrointestinal, sin tener antecedentes de que hubiera existido algún brote o algo en el regimiento.
MUESTREOS
Por su parte, la seremi de Salud señaló que tras conocer el fallecimiento del conscripto y que dos de sus compañeros se vieron agravados en sus síntomas mientras estaban hospitalizados, se realizaron una serie de gestiones de coordinación para ver si existía riesgo contagioso o si había algo comunitario que estuviera afectando a los soldados.
Respecto de ello, señaló que en las muestras de agua no se encontró nada microbiológico y se descartó que hubiera bacterias. Sobre el tema respiratorio, dijo que se detectó un brote de influenza en los conscriptos y que ellos no estaban vacunados.
Indico que los dos más graves tenían virus respiratorios y que tras pesquisas de laboratorio se determinó que además tenían bacterias, una que ingresó por una herida y otra de tipo estomacal. No obstante, ambos estaban en situación crítica y uno de ellos con un cuadro séptico grave que obligó al uso de drogas vasoactivas para salvarle la vida, lo que derivó mas tarde en la amputación de una mano.
En tanto, el director del SML informó que la autopsia de Franco Vargas se realizó el 28 de abril y que la causa de muerte es de infarto agudo asociado a muerte súbita, en estudio. Eso significa, explicó, que aún se está a la espera de los resultados de una serie de exámenes complementarios que se enviaron fuera de la región.
Consultado respecto de por qué no se aplicó en la autopsia el «Protocolo de Minnesota» (procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en casos de muertes sospechosas o crímenes de Derechos Humanos) el director señaló que no están facultados para efectuar pericias sin una orden previa y que en ese momento era la fiscalía militar la que llevaba la investigación y no lo solicitó.
Por su parte, la directora del INDH explicó que el organismo que encabeza ha solicitado desde el inicio que se aplique dicho protocolo, pues «esta es una muerte que ocurre bajo custodia del Estado».
Recordó que el INDH presentó una denuncia ante la fiscalía lo que permitió abrir un proceso y que como institución les interesa que se esclarezcan los hechos y se tomen las medidas de no repetición, para que este tipo de casos no se vuelvan a registrar.
A su turno, el fiscal regional indicó que es la Corte Suprema la que debe definir quien continúa con la investigación, y que, en el intertanto, la fiscalía seguirá realizando las pesquisas y diligencias necesarias. En esa línea, recordó que se solicitó una nueva autopsia del joven fallecido y las fichas clínicas de otros conscriptos.
Los senadores Campillai, Insulza y Durana agradecieron a las autoridades y la información proporcionada, y señalaron la importancia de que se conozcan todos los antecedentes que permitan esclarecer responsabilidades.
