El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica condenó al acusado a la pena de 10 años y un día de presidio efectivo y las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure su condena; más el pago de una multa a beneficio fiscal de 40 UTM, en calidad de autor del delito consumado de tráfico de drogas. Ilícito sorprendido en abril del año pasado, en el Complejo Penitenciario de Acha.
En fallo dividido (causa rol 21-2024), el tribunal –integrado por los magistrados Sergio Álvarez Cáceres (presidente), Gabriel Ormeño Valdebenito (redactor) y Jairo Martínez Cuadra– condenó también a una segunda acusada a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; más multa a beneficio fiscal de 10 UTM, como coautora del delito.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 11 de abril de 2023, la acusada se encontraba previamente concertada con el acusado para ingresar droga al Centro Penitenciario de Acha.
En dicho contexto, la acusada fue sorprendida por funcionarios de Gendarmería portando en su ropa interior una bolsa contenedora de cannabis sativa (marihuana), “la que arrojó un peso bruto de 11,70 gramos, un peso neto de 9,50 gramos y una pureza del 100%; como asimismo, una bolsa de nylon transparente contenedora de cocaína base, la que arrojó un peso bruto de 108,0 gramos, un peso neto de 107,60 gramos y un porcentaje de pureza del 68%; la cual pretendía entregar al imputado Hidalgo Mollo durante la visita, para que este, a su vez, la distribuyera posteriormente entre la población del penal, razón por la cual procedieron a su detención”.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus respectivas huellas genéticas e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.