- Acusado fue condenado como cómplice, ya que identificó, grabó y vigiló a agricultores y comerciantes del Valle de Azapa, quienes luego comenzaron a recibir mensajes extorsivos en sus teléfonos en los que se le exigía un pago mensual a la organización.
En el marco de un juicio abreviado, la Fiscalía de Arica logró condenar al acusado como cómplice de varios delitos de extorsión, luego que en mayo pasado cumpliera funciones para identificar, vigilar, grabar e iniciar un primer contacto con agricultores y comerciantes del Valle de Azapa, quienes, luego de ello, comenzaron a ser amenazados por la organización criminal peruana denominada Los Pulpos, vinculada a delitos violentos y de extorsión.
La investigación de la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía, junto a la sección OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, estableció que el acusado prestó apoyo directo a esta agrupación, al identificar y registrar el funcionamiento y operación de estos negocios. Ello permitió que posteriormente otros miembros de la red comenzaran a enviar mensajes extorsivos a los teléfonos celulares de las afectados, exigiéndoles un pago mensual a la organización o de lo contrario serían víctimas de graves ataques contra su vida y propiedad.
El trabajo investigativo se inició tras recibir denuncias respecto de que comerciantes de los valles estaban siendo objeto de extorsiones y mensajes intimidatorios.
En este contexto, se desarrollaron diversas técnicas investigativas como toma de declaración, reconocimiento fotográfico, análisis de cámaras, de teléfono y vigilancias, que permitieron dilucidar la participación del acusado. Así, se estableció que entre los días 07 al 13 de mayo de este año, el acusado, concurrió a cuatro empresas agrícolas del Valle de Azapa, donde solicitó contactos y realizó diversas grabaciones y labores de vigilancia, que le permitieron conocer la rutina de los trabajadores y propietarios.
A partir de ese momento, los afectados comenzaron a recibir mensajes extorsivos en sus teléfonos en los que se le exigía un pago mensual a la organización. Si no cumplían, serían víctimas de graves atentados a su integridad, a la de sus familiares, trabajadores y contra sus negocios. En las comunicaciones, enviadas desde números peruanos y chilenos, se exhibía el poder de fuego de la agrupación, mostrando diversas armas, como granadas de guerra, entre otras.
La Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado presentó una serie de medios de prueba que permitieron condenar al acusado como cómplice del delito de extorsión en grado de reiterado y como autor del delito de grabación en recintos privados sin autorización. Fue condenado a la pena de 5 años de presidio en libertad vigilada.
