Convencionales de Arica y Parinacota critícan desinformación sobre supuesta expropiación de fondos.
Durante el estallido social de octubre de 2019, una de las principales demandas de la ciudadanía fue “no más AFP”, debido al lucro con las cotizaciones y los bajos montos que generaban para pensiones. En la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, donde se debaten los derechos humanos como la salud, educación y seguridad social, se aprobó una iniciativa que se hace cargo de esta histórica demanda.
Se trata de la Iniciativa Popular de Norma presentada por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, titulada “derecho a la seguridad social”, la cual se refiere a la gestión y administración de los fondos por parte del Estado para que las pensiones no estén sujetas a condiciones políticas o económicas.
La propuesta indica que “la definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias” y continua así: “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.
El constituyente del distrito 1 Jorge Abarca, comentó que cree en la justicia social y por ello “pensamos en que el articulado propuesto permitirá que nuevas leyes en el futuro mejoren las pensiones de todos».
Su par, Carolina Videla agregó que la Iniciativa Popular Constituyente sobre el derecho a la Protección Social, pone fin al lucro que hoy existe en la gestión y administración de los ahorros previsionales “y establece la administración pública, autónoma y sin fines de lucro, para que además las pensiones no estén sujetas a condiciones políticas o económicas. Lo destaco primero porque es una iniciativa popular, de un movimiento popular con demandas genuinas de los trabajadores y trabajadoras y eso afianza esta construcción que hacemos entre todos y todas.
La iniciativa aprobada concluye con un inciso que hace referencia a las pensiones:
“La seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.
Es así como en ningún caso se ha aprobado alguna norma referida a expropiación de fondos previsionales como se ha tratado de desinformar por parte de algunos convencionales ligados a grupos económicos.
Luis Jiménez rechazó tajantemente la desinformación difundida sobre la estatización o expropiación de las pensiones de los y las trabajadoras, “lo que se rechazó son propuestas que buscan exclusivamente un sistema de capitalización individual cómo la propuesta “con mi plata no” y exclusivamente sistemas basados solo en el reparto. Para que sea un derecho social y no el lucro de unos pocos se tiene que complementar además de un sistema de capitalización individual, un sistema de reparto para agregar el principio de solidaridad intergeneracional. Avanzaremos hacia un sistema mixto y eso es lo que aún está en debate en la Convención”.
Al respecto, la constituyente Videla comentó que están es una etapa crucial y es muy “importante explicar con claridad los avances en la elaboración de la propuesta de Nueva Constitución. No se puede permitir la mentira y la desinformación maliciosa que hacen constituyentes cuando algo no les gusta. Falta mucho por debatir y vamos por el camino correcto. Finalmente para despejar dudas, la norma popular «con mi plata no», se rechazó porque era exactamente igual al sistema actual de pensiones”.
“En ningún caso la norma Constitucional habla de expropiaciones ni de restricciones a la propiedad de los trabajadores y trabajadoras sobre sus fondos, como algunos pretenden hacer creer a la ciudadanía, y una prueba concreta de que queremos un sistema para todos es que los empleadores tendrán también participación junto a los trabajadores y al Estado en la administración del sistema. Deseamos que la nueva Constitución asegure a todos los chilenos condiciones dignas para su jubilación, a través de un sistema justo, a cargo de entidades enfocadas en el bien común y no sólo en la maximización de sus utilidades a costa del esfuerzo de la gente”, agregó Abarca.
