La Corte de Apelaciones de Arica acogió hoy –viernes 13 de octubre– el recurso de amparo presentado en contra de Intendencia Regional, que decretó la expulsión del país del ciudadano dominicano Jonathan Ogando Mateo, quien ingresó al territorio nacional en forma irregular, en 2015.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada dio un plazo de 24 horas para que la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, proceda a la suspensión de la orden de expulsión, “mientras se tramite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el amparado, y sin perjuicio de lo que se resuelva en tal sentido”.
“Que, el inciso primero del artículo 32 del Decreto Supremo N° 837, de 2010, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de los refugiados, dispone que: “Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su ingreso o residencia en el país fuere regular o irregular”; agregando, en su inciso segundo, que en el caso de ingreso o residencia irregular se estará a lo dispuesto en el artículo 8° del reglamento”, sostiene el fallo.
Resolución que agrega: “(…) en tal sentido, no debe olvidar la Administración que en materia de refugiados, conforme lo disponen los artículos 11 y 12 de la Ley N° 20.430, se debe procurar al solicitante el trato más favorable y el no menoscabo de cualquier otro derecho, como lo es -en el presente caso- su derecho de petición a efecto de formular su solicitud de reconocimiento de tal condición, no sujetándola al arbitrio de la autoridad de condicionarla a la suspensión o no de la medida expulsiva, de lo cual, se colige que la actuación de la recurrida deviene en ilegal y arbitraria”.
Según la defensa, Jonathan Ogando huyó de República Dominicana debido a las amenazas que recibió de una banda que, el 2008, asesinó a un primo.