La Corte de Apelaciones de Arica acogió el martes 6 de diciembre, el recurso de amparo presentado por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que decretó la expulsión del país de José de Jesús Báez Castillo, ciudadano dominicano que ingresó al territorio nacional por un paso no habilitado, en noviembre de 2014.
En fallo unánime (causa rol 251-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pablo Zavala Fernández, Samuel Muñoz Weisz y el abogado (i) Vladimir Bordones Garrido– acogió la acción constitucional presentada por la defensa de Báez Castillo y dejó sin efecto la resolución exenta que dispuso su expulsión.
El fallo establece que, sin perjuicio de lo resuelto, Báez Castillo deberá regularizar su situación migratoria de acuerdo a la legislación vigente.
“(…) para que fuese procedente la medida de expulsión de autos, se hacía necesario haber observado respecto del recurrente el principio del debido proceso, el que no se satisface en la resolución cuestionada que únicamente se sustenta en una afirmación que no ha sido sometida a conocimiento y resolución del órgano correspondiente, lo que determina que la misma carezca de soporte fáctico y jurídico correspondiente, especialmente considerando que el titular de la acción se desistió de la misma con las consecuencias legales correspondientes”, sostiene el fallo.
La sentencia agrega que “por las razones explicitadas, la resolución impugnada es ilegal y resulta, además, arbitraria de modo que con su pronunciamiento se ha conculcado la libertad personal del amparado”.
