A partir de lo sucedido en la votación de este jueves 1 de agosto durante el Concejo Municipal de Arica, donde se rechazaron los argumentos de la comisión técnica encargada del anteproyecto del Plan Regulador Comunal (PRC), que en línea con lo solicitado por la comunidad, propone el cambio de uso de suelo en el borde costero frente al centro de la ciudad, sector donde funciona Astilleros Arica, por constituir una seria amenaza a la seguridad de las personas en caso de tsunami, el Frente Amplio de Arica y Parinacota declara lo siguiente:
1. Rechazamos categóricamente la votación de 6 integrantes del Concejo Municipal de Arica, Elena Díaz (Partido Comunista), Juan Carlos Chinga (Renovación Nacional), Jaime Arancibia (UDI), Jorge Mollo (Democracia Cristiana), Patricio Gálvez (Independiente) y Daniel Chipana (PPD), que favorece los intereses del Grupo Angelini, por sobre el bien común de la ciudad. Empresa que además que está marcada por la corrupción tras el escándalo de las coimas en la tramitación de Ley de Pesca y donde Corpesca es protagonista.
2. Creemos firmemente que esta decisión afecta a la construcción de futuro de la ciudad, manifestada en las participaciones ciudadanas que solicitaron la recuperación de este espacio para la comunidad y el desarrollo turístico y recreativo de Arica. Además, esta acción pone en riesgo la integridad de las personas, frente a un eventual tsunami, contradiciendo todos los informes técnicos del equipo asesor, de los estudios contratados y de las nuevas políticas de borde costero asumidas por el estado de Chile, tras la tragedia del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Serán los votos de estos concejales, los responsables de no dar las garantías de seguridad que toda población merece.
3. Lamentamos que la presión del Grupo Angelini a los integrantes del Concejo Municipal, desembocara en este nefasto resultado para la ciudad, su seguridad y su desarrollo. Presión manifestada a través de sus trabajadores, utilizándolos como punta de lanza en esta causa, manipulándolos con amenazas de pérdida de su fuente laboral y evidenciado en un constante lobby en distintos espacios, donde incluso participaron los dos senadores de la región (José Durana UDI y José Miguel Insulza PS). Es importante recordar el caso de corrupción en la tramitación de la Ley de Pesca, donde Corpesca es protagonista, pagando coimas al ex senador Jaime Orpis y a la ex diputada Marta Isassi, por la cual incluso está condenado el ex general de Corpesca, Francisco Mujica, quien asumió
también como directivo de Astilleros Arica (2015), en medio de la investigación del caso. Mujica confesó ser él quien pagó las coimas a los parlamentarios, lo que evidencia las malas prácticas de esta empresa en su relación con la política y sus propios intereses económicos.
4. Consideramos vergonzosa la votación de la concejala comunista Elena Díaz, quien por casi dos meses se ausentó del Concejo Municipal, presentando licencia médica y solo asistiera a este concejo, a votar por el desempate que dio el favor a la cuestionada empresa. La acción de la concejala no es aislada, así se expresa en un comunicado emitido por el mismo partido. Ello nos hace reflexionar y cuestionar hacia dónde están dirigidos los valores de este histórico partido frente a este tipo de empresariado, en especial en una ciudad como la nuestra que ha sido golpeada duramente por la corrupción, sobre todo en el municipio, y que hoy aparece dando un espaldarazo a este grupo económico que tanto mal le ha hecho a nuestro país.
5. Nos preocupa la futura postura de estos concejales frente a nuevas votaciones del Plan Regulador y que nuevamente nos encontremos con resultados que estén a favor de intereses privados, por sobre el bienestar de la comunidad.
6. Valoramos y agradecemos el actuar de quienes fueron capaces de decir “no” a la presión de este grupo económico, en los votos de rechazo del alcalde Gerardo Espíndola (Partido Liberal) y concejales Paul Carvajal (Partido Humanista), Carlos Ojeda (Partido Humanista), Luis Malla (Ind. Partido Liberal) y Miriam Arenas (Democracia Cristiana).
Es urgente una revisión ética de la política comunal de Arica y su postura frente a cualquier acto que atente contra la integridad de su población. No es justo para Arica y su gente, que los intereses particulares, las presiones de grandes grupos económicos y sobre todo, los discursos cortoplacistas amparados en una manipulación de los trabajadores, estén por sobre el bien común de una población que tiene todo el derecho a crecer y desarrollarse en paz. El bienestar de la población y la probidad deben ser los valores rectores todo político y política deben adoptar en cada una de sus decisiones, valores que como Frente Amplio hemos asumido desde nuestra conformación.
