Para que las sociedades y países avancen hacia el desarrollo, resulta indispensable que sus máximas autoridades generen aprendizajes de los planes y programas que implementan, especialmente cuando estos se realizan mal o muy mal.
Ayer jueves 11 de marzo, en el marco de una ceremonia de “celebración” de los 3 años de gobierno, el Presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas de apoyo para la clase media, que en su esencia reiteran los bullados “bono y préstamos para la clase media”, que prometían ser una respuesta ágil y sustantiva a las urgentes necesidades que enfrentaba este segmento de la población, al punto que no sería necesario continuar con el debate del retiro de fondos de las AFP.
Sin embargo, la implementación de esta solución mágica, “que sólo requeriría de un simple click” según palabras del Ministro de Hacienda de aquel entonces, derivó en un rotundo fiasco producto de la caída de los sistemas informáticos, el colapso de las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, y la persecución ilegal que continúa hasta el día de hoy, de casi medio millón de trabajadores que fueron irresponsablemente acusados de estafadores y amenazados con cárcel, en un intento burdo por ocultar los groseros errores de diseño e implementación de una mala “política pública”.
¿Cómo podemos avanzar entonces, ante un gobierno y autoridades institucionales que se esmeran en no aprender nada y en repetir sistemáticamente sus errores en su desesperada defensa del sistema de AFP? Como dice una antigua máxima, la historia ocurre dos veces “primero como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.
Como funcionarios públicos de carrera, que entienden que el espíritu de su función es servir a Chile y a los que menos tienen, no nos opondremos nunca a la entrega de apoyos a la ciudadanía frente situaciones de crisis como las que se han derivado de esta brutal pandemia, pero por ningún motivo podemos guardar silencio ante la inminente repetición de errores que terminen persiguiendo a quienes se pretende ayudar, y en el camino, dañando a instituciones clave para el desarrollo de nuestro país.
Por esta razón, las y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos agrupados en ANEIICH, exigimos a las autoridades de gobierno y del parlamento, que en la tramitación de la ley que permitirá la entrega de estos nuevos beneficios se corrijan los principales errores cometidos el año 2020 en la entrega de los primeros bonos y préstamos para la clase media:
- Que antes de implementar estos beneficios, se cuente con todos los sistemas operando y exentos de errores, el personal a cargo de su ejecución debidamente capacitado y se realicen campañas masivas de información a la ciudadanía. Simplemente sería inaceptable que los ciudadanos se deban exponer nuevamente, en forma indigna, a hacinamientos y largas filas de espera para obtener información o solicitar beneficios, más aún considerando el fuerte aumento en el número de contagios producto de la entrega de permisos de vacaciones y la irresponsable reanudación de clases presenciales instruida por el Ministerio de Educación.
- Definir claramente sus beneficiarios y requisitos de ingreso, sin letra chica, abarcando a todas las y los trabajadores que hayan experimentado reducciones sustantivas en sus ingresos, indistintamente su ocupación o sector en que se desempeñen. Exclusiones como las efectuadas contra las trabajadoras de casa particular, simplemente constituyen discriminaciones que no se pueden volver a repetir.
- Que el análisis y contraste de antecedentes sea realizado por el propio gobierno y no se responsabilice a los ciudadanos de las obligaciones que le competen. Simplemente no puede volver a ocurrir que la solicitud de un beneficio termine siendo un calvario y termine con penas de cárcel para quienes presenten inconsistencias de información. Es indispensable que esta nueva ley corrija la disposición que sigue afectando en forma injusta y desproporcionada a cientos de miles de trabajadores que no respondieron a la solicitud de devolución realizada por el SII, y a los cientos de funcionarios públicos que han sido amenazados con sumarios, por el simple hecho de haber solicitado beneficios.
- Que la ciudadanía tenga canales claros y expeditos para apelar ante casos de errores u inconsistencias en los sistemas de información. La experiencia del año 2020, demostró las profundas falencias de los sistemas de información estatal, que derivaron en la denegación arbitraria de beneficios para miles de personas, las cuales aún están siendo investigadas por la Contraloría General de la República.
- Que la entrega de estos beneficios esté a cargo de instituciones públicas especializadas en protección social, como el es caso del Ministerio de Desarrollo Social o las municipalidades, indistintamente el apoyo o colaboración que realicen otras instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la República.
Resulta inaceptable que se le pida nuevamente al Servicio de Impuestos Internos entregar estos beneficios previo al inicio de una nueva operación renta, que será especialmente compleja a partir la implementación de la última reforma tributaria y que requerirá de múltiples apoyos a los contribuyentes en el cumplimiento de sus disposiciones, además de la urgente necesidad de recaudar recursos indispensables para hacer frente a la grave crisis económica y social que enfrentamos.
Hacemos un llamado a la responsabilidad y coherencia, tanto a las autoridades de gobierno y del SII como a los parlamentarios que deberán debatir y aprobar este proyecto.
No permitan que la auto celebración de un nuevo aniversario del peor gobierno de nuestra historia, derive en una nueva exposición de la ciudadanía a contagios y persecuciones por organismos del Estado, ni al deterioro de instituciones claves para el desarrollo del país, como es el Servicio de Impuestos Internos.
Directorio Nacional ANEIICH
Contigo, el SII y el País
