Una serie de medidas que resolverán en el corto y mediano plazo los problemas de inseguridad, convivencia e infraestructura que afectan a la comunidad educativa del Liceo B4, fueron anunciadas por el Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana; luego del encuentro en que participaron autoridades regionales y representantes de la comunidad educativa del establecimiento, y que fue solicitado con carácter de urgente por el Centro General de Padres y Apoderados, CGPA, del Liceo “Antonio Varas de la Barra”.
En la reunión, desarrollada este jueves 9 de junio, estuvieron presentes la coordinadora regional de Seguridad Pública, Elsa Cortez; el seremi de Educación, Francisco Valcarce; el director del establecimiento Sergio Castillo; la presidenta del CGPA, Cinthia Alegría; así como jefaturas y directivos de la Superintendencia de Educación y el servicio local de Educación Chinchorro.
PREOCUPACIÓN DE LOS APODERADOS
La primera en exponer fue Cinthia Alegría, quien puntualizó que sus principales preocupaciones tienen que ver con la normalización del microtráfico y uso de drogas que se está generando dentro y fuera del establecimiento; las amenazas de las que han sido víctimas alumnos y alumnas a través de redes sociales; la infraestructura general del Liceo en estado deficiente; y la sensación de inseguridad que aqueja a la comunidad educativa, padres y apoderados por amenazas y riñas.
“Me agradó que estén pendientes de esta situación, porque como padres y apoderados estamos preocupados, los niños están asustados. No queremos que esto ocurra. Queremos que los apoderados sientan que sí pueden mandar a sus hijos al Liceo y no tengan la preocupación de que afuera les pueda ocurrir algo a sus hijos, que estén tranquilos”, explicó la dirigenta del CGPA.
Ante ello, el delegado presidencial Ricardo Sanzana Oteíza fue enfático en señalar que “No nos da lo mismo lo que ocurre en el Liceo B4”. La autoridad adelantó que se abordarán de forma integral los problemas que afectan al establecimiento, con la institucionalidad pública, la dirección del Liceo y el Centro General de Padres.
“Sabemos que el Liceo tiene buenos indicadores de matrícula, pero los números no pueden ser la respuesta a las preocupaciones de los apoderados. Tenemos que abordar los problemas de convivencia escolar desde el punto de vista de la seguridad de forma enérgica y generar otras condiciones de vinculación”, destacó Sanzana.
ACUERDOS
En primer término, las autoridades acordaron trabajar de forma inmediata, en diferentes jornadas de capacitación, para fortalecer la convivencia escolar desde el punto de vista de la seguridad y reforzar el área de derechos, junto al CGPA y la dirección del establecimiento, labor que estará a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Seremi de Educación.
Asimismo, el seremi Francisco Valcarce adelantó que, en conjunto con la Universidad de Tarapacá, su cartera liderará un proyecto que está orientado a mejorar los entornos de convivencia durante los recreos, transformándolos en espacios “entretenidos y saludables”, específicamente en el Liceo B4 durante el segundo semestre de 2022.
“Lo que hay que evitar es que se reproduzca la desigualdad social y facilitar que el establecimiento rompa ese círculo de espejo. Sabemos que no es fácil, porque se requiere de mucho apoyo y porque estamos lidiando con 40 años de abandono de la educación pública”, explicó Valcarce.
Además, la Subsecretaría de Seguridad Pública comprometió fondos para financiar cámaras de vigilancia externas, cuyo uso y aplicación se acordará y revisará entre la Superintendencia de Educación y el Centro General de Padres, para no vulnerar las normas educativas en esta materia.
A su vez, el Delegado Sanzana comprometió la gestión de presencia policial “tanto para control de tránsito como para rondas preventivas en el entorno del establecimiento y de esta forma entregar mayos sensación de seguridad y tranquilidad a los padres y apoderados”.
Finalmente, en el mediano plazo se abordarán los temas vinculados a infraestructura, a cargo del Servicio Local de Educación Chinchorro y que requiere de una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos; y a transporte, para dar solución a las necesidades de los alumnos y alumnas que se movilizan desde y hacia los valles de Azapa y Lluta, a través de la compra de 8 buses que estarían operativos en 2023 y significarían una inversión de más de mil millones de pesos con cargo al FNDR.