Desde el 3 de Abril se inició el procedimiento administrativo de Consulta Indígena de reforma a la Ley 19.253 más conocida como Ley Indígena que busca acercar la propuesta de once medidas del Gobierno a las comunidades indígenas a lo largo del país. Dicho procedimiento inicia por la obligación del Estado con su legislación y el Convenio 169 de la OIT de incluir este proceso en el desarrollo de la Ley, sin embargo, las comunidades a lo largo de Chile han rechazado el proceso pues las propuestas no han sido trabajadas con sus miembros y se encuentran en total contravención a los tratados internacionales ratificados por Chile en materia de Derechos personales y sobre sus territorios ancestrales, sumado a la importante presencia de contingencia policial en las diferentes reuniones convocadas por el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente en el poblado de Codpa. El Diputado Vlado Mirosevic ha manifestado su rechazo al actuar del Gobierno y su apoyo a las Comunidades indígenas de la región: ‘‘La comunidad Aymara y quechua necesita una Consulta indígena real. Rechazamos cualquier intento violento del Estado por limitar la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de sus derechos y su autonomía. Rechazamos la imposición de un nuevo proyecto de ley que no nace ni se construye con ellos’’. El proceso y las medidas propuestas por el Gobierno de Sebastián Piñera propenden la mercantilización de los territorios, la disminución de los derechos individuales y comunes de los pueblos y un importante retroceso en la lucha de la comunidad indígena contra la Minería, la escases hídrica y la subutilización de los territorios indígenas en la región.
