La Defensoría Regional, argumentó en el Juzgado de Garantía como ante el Tribunal de Alzada, que el acto no era punible, por estar arraigado en prácticas culturales aymaras y no debía ser considerado como una actividad ilícita.
La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica mediante resolución unánime, confirmó el fallo del Tribunal de Garantía de Arica que negó lugar a decretar la medida cautelar de prisión preventiva respecto de una mujer de nacionalidad boliviana, quien fue formalizada por el Ministerio Público por su responsabilidad en un supuesto delito de tráfico de drogas de la Ley N°20.000, al ser sorprendida intentando ingresar a Chile con casi 100 kilos de hojas de coca, las cuales estaban destinadas a su comercialización durante el desarrollo del carnaval a desarrollarse en nuestra ciudad, esto para satisfacer prácticas culturales de pares, además de la realización de ceremonias y rituales de acuerdo al calendario agroecológico aymara.
La defensa de la mujer, liderada por el abogado y jefe de estudio de la Defensoría de Arica y Parinacota, Cristian Martin Castro, argumentó con éxito, tanto en el Juzgado de Garantía como ante el Tribunal de Alzada, que el acto no era punible, por estar arraigado en prácticas culturales aymaras y no debía ser considerado como una actividad ilícita.
Al respecto el profesional de la Defensoría Regional, señaló que como institución analizaron esta situación desde una doble perspectiva. La satisfacción de que tanto el Tribunal de Garantía como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica estimaron pertinentes las alegaciones de la defensa, referidas a que la medida cautelar de prisión preventiva no era la adecuada para esta mujer aymara de nacionalidad boliviana, tomando en cuenta la costumbre de un pueblo originario, haciéndose además cargo de aspectos trascendentes de interseccionalidad que cruzaban este caso, como lo son la situación de ser la imputada no solamente indígena, sino que también mujer y migrante.
Pero, sin perjuicio de esta satisfacción, se observa con preocupación que este caso la persecución penal efectuada por parte del Ministerio Público, importa un retroceso en el respeto, promoción y resguardo por las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, careciendo esta persecución de una mirada que considere y comprenda las prácticas culturales de las comunidades indígenas. “En definitiva, creemos que se trata de una mirada simplista, sin entender la cosmovisión del pueblo aymara, lo que finalmente importa una criminalización de prácticas ancestrales”, dijo el abogado defensor.
Añadiendo que, en las próximas etapas del proceso judicial, se espera clarificar y consolidar los argumentos presentados. “Como Defensoría Penal Pública, reiteramos nuestro compromiso con la justicia y la protección de los derechos culturales, abogando por un enfoque más comprensivo en casos que involucran la diversidad cultural de nuestra sociedad”.
