El Juzgado de Garantía de Arica decretó la medida cautelar de prisión preventiva de 13 de los 17 imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación ilícita para el narcotráfico, tráfico de drogas, porte de armas de fuego prohibidas, tenencia ilegal de municiones, lavado de dinero y secuestro. Ilícitos perpetrados desde principios de año, en la ciudad.
En la audiencia de formalización (causa rol 8.118-2021), el magistrado Rodrigo Urrutia Molina ordenó el ingreso de los trece imputados al Complejo Penitenciario de Acha, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
En la causa, otros tres imputados quedaron detenidos en tránsito a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Arica. Además, la única chilena del grupo de imputados quedó sujeta a las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo local, como autora de un delito contemplado en la ley de control de armas.
Según el ente persecutor, la investigación policial denominada “Tren del norte” permitió establecer la existencia de una organización criminal identificada como “Los Gallegos” –ligado a la organización criminal venezolana conocida como “Tren de Aragua”– que en su mayoría la integran ciudadanos de dicha nacionalidad, quienes cumplían roles determinados en una estructura y organización jerárquica, dedicada a la comisión de delitos como el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, porte de armas de fuego prohibidas, tenencia ilegal de municiones, lavado de dinero y secuestros, cometidos desde comienzos de año en la ciudad de Arica.
El Ministerio Público, utilizando técnicas investigaciones contempladas en la ley 20.000, tales como interceptaciones telefónicas autorizadas por el Juzgado de Garantía de la ciudad, seguimientos y agentes encubiertos, logró determinar que la organización se instaló en un pasaje de la población Cerro Chuño, con el objetivo apoderarse de dicho sector, el cual presenta una zona habitacional en desuso, con viviendas en demolición y tomas de terrenos, desde donde se dedicaron a la venta de sustancias ilícitas y acopio de armas, extorsiones y secuestros; además, mantenían una “casa de tortura”, donde se encontró el cadáver que habría sido sometido a torturas y, presumiblemente, fue enterrado con vida en el lugar.
