Distintos servicios públicos de la región, representados por más de 70 funcionarios, fueron los protagonistas de una capacitación respecto a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y sobre la Ley 20.609 de Antidiscriminación, taller impartido por funcionarios del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Una de las asistentes fue Macarena Vallejos Tapia, trabajadora social del programa Quiero Mi Barrio de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, quien valoró la iniciativa, señalando que “como Gobierno, debemos plantearnos nuestro rol de servidores públicos, de que la base de nuestro trato hacia las personas sea cordial, y nunca olvidar ese objetivo”.
Por su parte, el Seremi de Gobierno, Víctor Mardones Bernal, enfatizó la importancia de esta instancia para las distintas instituciones de la región, constatando que “dentro del compromiso del Presidente Sebastián Piñera está que la ciudadanía es el foco principal de nuestra gestión pública, por lo que esta iniciativa del Ministerio viene a reforzar aquello, para asegurar que hagamos cada día un mejor trabajo y que entreguemos una buena atención a las personas”, enfatizó el vocero.
“El fin de esta capacitación es dar a conocer las dos temáticas que dan origen al Observatorio, y por encargo de la Ministra Cecilia Pérez, nuestro objetivo también es sensibilizar a los funcionarios de Arica y Parinacota para que conozcan estas leyes tan importantes más en profundidad, ya que forman parte fundamental del ejercicio público, por lo que estamos recorriendo todo el país, y particularmente las regiones más lejanas”, explicó Alejandro Ramos Tapia, uno de los profesionales del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación que ofreció la capacitación.
Dentro de la Ley 20.500 se establecen cuatro mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública: acceso a información relevante, consulta ciudadana, cuentas públicas participativas, y consejo de la sociedad civil. Por otro lado, el propósito de la Ley 20.609 es instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
