Acogiendo las inquietudes planteadas por los intervinientes del sistema de justicia y la iniciativa legal planteada por el senador José Miguel Durana, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó esta semana al Congreso Nacional dos proyectos de ley con discusión inmediata como medidas ante la emergencia sanitaria del Covid-19.
El primero dice relación con la suspensión de los plazos en los procesos judiciales, cancelando audiencias que no sean estrictamente necesarias y el segundo, decreta un indulto general conmutativo para adultos mayores, mujeres embarazadas y para quienes cumplan reclusión nocturna privados de libertad que no hayan cometido crímenes.
“Existe preocupación porque hay que cumplir aislamiento social y por lo mismo hay que evitar ir a los tribunales como, asimismo, hay que ocuparse de las personas privadas de libertad y de sus condiciones sanitarias, por lo mismo, valoro que se adopten medidas concretas para estos compatriotas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, dijo el legislador.
Según explicó Durana, el pasado 17 de marzo, ofició al ministro, Hernán Larraín, solicitando presentar esta iniciativa legal para que el sistema judicial afrontara los trastornos en el normal funcionamiento de los tribunales de justicia, producto del coronavirus, expresando su especial preocupación por las personas privadas de libertad y sus familias.
Fue así como con fecha 24 de marzo, el gobierno presentó un primer proyecto de ley que establece la prórroga de los plazos judiciales; da la posibilidad de suspender ciertas audiencias; entrega nuevas causales para alegar entorpecimiento; y otorga la interrupción de los plazos de prescripción en materia civil y la prórroga para el ejercicio de acciones laborales, arbitrales, y ante los Juzgados de Policía Local.
Lo anterior, permitirá dar prioridad a las audiencias y procesos judiciales que tengan relación materias prioritarias, tales como la dictación de medidas cautelares en causas de violencia intrafamiliar, o aquellas que involucran vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otras.
“Dentro de las inquietudes expuestas que fueron recogidas favorablemente, se encuentra la prohibición de realizar actuaciones judiciales que puedan ocasionar indefensión como consecuencia de la emergencia sanitaria y un régimen especial en materia Procesal Pena”, precisó el parlamentario de la Cámara Alta.
También se acogió el resguardo del respeto al debido proceso y la igualdad de las partes que intervienen en un proceso judicial, así como precautelar por la salud de los funcionarios del poder judicial y de todos aquellos que interactúan ante los tribunales de justicia y en los recintos penitenciarios de nuestro país.
Asimismo, el 25 de marzo, el Poder Ejecutivo presentó una segunda iniciativa, con discusión inmediata, que establece un indulto general conmutativo en beneficio de la población penitenciaria que se encuentre entre los grupos de mayor riesgo, estableciéndose medidas extraordinarias para todos aquellos que se encuentran cumpliendo penas bajo el régimen de reclusión nocturna.
