Acciones se enmarcan en el Plan de Gobierno para frenar la sobreexplotación de las cuencas, que definió siete prioridades de trabajo.
Dar “seguridad hídrica” frenando la sobreexplotación de cuencas, son los objetivos del plan intensivo de fiscalizaciones, que sigue desarrollando el Ministerio de Obras Públicas en la región, a través de la Dirección General de Aguas (DGA) y en coordinación con la Bidema de la PDI, en el valle de Azapa.
Así lo detalló el seremi de Obras Públicas, Guillermo Beretta, el que fue parte de la fiscalización junto al director de la Dirección Regional de Aguas, Cristian Saez, quienes constataron la extracción adicional desde un pozo del valle de Azapa, cuyo propietario se expone a una multa que van entre las 501 y 1 mil UTM ($24 a $48 millones).
Beretta, resaltó que esta fiscalización “es parte del programa de Gobierno del presidente Sebastián Piñera, y de las siete prioridades del MOP- DGA, para dar seguridad y mejorar la disponibilidad de recursos, para dar certeza jurídica a la extracción legal de aguas desde los acuíferos de Arica y Parinacota”.
Sobre la nueva infracción detectada, la autoridad destacó que, “las sanciones son para aquellos usuarios que no tengan derechos de aprovechamiento legalmente constituidos o aquellos que sustraen un caudal superior al otorgado por la Dirección General de Aguas, ya que el acuífero de Azapa, se encuentra en una situación de restricción”.
MOP-DGA
El director regional de DGA, Cristián Saez, dijo que se tratan de fiscalizaciones que son parte del programa anual de la Dirección General de Aguas. A la fecha, detalló Saez, “llevamos unas 20 fiscalizaciones en el valle de Azapa, que está catalogado como zona de restricción”.
Las siete prioridades establecidas por el Gobierno para poner freno a la extracción ilegal además de los planes de fiscalización son: actualizar el Código de Aguas; promover y colaborar en la constitución de organizaciones de usuarios de aguas; contribuir a la expansión, transferencia y eficiencia en el mercado de compraventa; formular planes de gestión estratégica de cuencas; fiscalización satelital y reducir significativamente los tiempos de tramitación.
