La presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González; y la jueza presidenta del Juzgado de Familia, Renée Portilla Maluenda, efectuaron –este sábado 29 de abril– una inspección a siete residencias que resguardan a niños, niñas y adolescentes de nuestro país vulnerados en sus derechos, con la finalidad de observar las condiciones de trabajo y especialmente la disponibilidad de cupos que tienen ante la posibilidad que se vulneren los derechos de los niños migrantes que se encuentran desde hace días en la frontera entre Chile y Perú junto a sus familias intentando volver a sus países de origen.
“Logramos verificar en terreno que aumentaron los cupos disponibles para enfrentar cualquier contingencia que implique mayor disposición de camas y habitaciones adecuadas para cobijar a los niños y niñas”, dijo la presidenta.
Ante ello, la ministra Arenas destacó la permanente coordinación con diferentes servicios públicos, entre ellos con el Servicio de Protección Especializada “Mejor Niñez”, que estableció un plan marco para contar con cupos si la contingencia fronteriza lo requiere “que signifique alguna situación crítica que nos permita afrontar de mejor manera y más eficiente, para velar por la prestación del servicio, en lo que dice relación con la niñez”.
En tal sentido, sostuvo que mantendrán el permanente monitoreo diario de la situación en la frontera con los servicios públicos de la región “por la situación extraordinaria que se está viviendo en ese sector con relación a los migrantes”.
