sábado, diciembre 7, 2024

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Nuevo Sistema Inteligente de Permiso reduciría los tiempos de tramitación entre un 20 y 60%

La reforma involucra autorizaciones tramitadas por 37 tipos de servicios, asociados a 16 ministerios y tiene por objetivo la simplificación de los procesos, reduciendo sus tiempos y proporcionando más certeza a la inversión.

Con el objetivo de acelerar la inversión pública y privada, el Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el cual conforma el nuevo Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.

La iniciativa, que aborda todos los permisos no ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, busca simplificar los procesos, reduciendo los tiempos de tramitación y entregando más certezas a los inversionistas, sin alterar los estándares técnicos y protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.

La medida es una respuesta a una dificultad que existe hace años y que obstaculiza el desarrollo de la inversión pública y privada. El diseño del proyecto de ley requirió un gran esfuerzo de articulación y priorización para generar un sistema que organice permisos de tantos sectores. Este esfuerzo tomó en consideración las recomendaciones y avances de anteriores administraciones en la materia.

A través de la creación del nuevo sistema, cuyo desarrollo es parte del Pacto Fiscal, se establece el compromiso de fortalecer y aumentar la inversión, para así aportar a la consolidación del empleo y el crecimiento económico. Contempla proyectos de todo tipo, desde los más grandes, como proyectos mineros y energéticos, hasta los más pequeños y que están presentes en el día a día de la ciudadanía, como la habilitación de un almacén. La reforma también establece que la complejidad de las exigencias a las iniciativas evaluadas sea proporcional a su riesgo.

El seremi de Economía de Arica y Parinacota, José Zúñiga Verdugo, expresa que el proyecto de ley que presentó el Presidente de la República, marca un hito significativo en la optimización de los procesos regulatorios en nuestro país. “Este proyecto se destaca por la creación de un sistema que no solo garantiza la calidad regulatoria, sino que también establece las condiciones para una reducción sostenida de los tiempos de trámite. Estamos inmersos en el proyecto de ley que da vida a este sistema, un paraguas que unificará 380 permisos sectoriales bajo una misma estructura. Este no es solo un cambio, es una reforma sustantiva que afecta a 37 leyes de manera diversa, y es un gran desafío presentar este proyecto relevante en el Congreso” comenta el Seremi.

La autoridad regional agrega que el Sistema Nacional de Permisos no solo busca eficiencia, sino también mayor certeza jurídica. “La implementación de este proyecto implica normas claras y precisas, con una trazabilidad óptima de los permisos asociados. La reforma se enfoca en garantizar procesos de tramitación adecuados que protejan los intereses de cada sector: la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, entre otros” comenta, agregando estar convencido de que al promover esta agenda, también se logrará una tramitación ágil en el Congreso. “Nuestro objetivo es avanzar con la celeridad que nuestro país necesita”

Sobre el anuncio del Gobierno, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Arica (CChC), Ricardo Peña Jones, valoró el esfuerzo del Gobierno que va en la línea de la postura gremial de agilizar procesos que traban inversiones y creación de puestos de trabajo.

“Valoramos la presentación de este proyecto de ley. Creemos que es un paso concreto en la agilización de aprobación y entrega de permisos, lo que esperamos entregue mayor certeza y dinamismo a los inversionistas, habilite la creación de nuevos proyectos y más empleos. Cada vez que un proyecto se ve paralizado por una demora en la entrega de permisos, los principales afectados son las comunidades que se ven impedidas de acceder a mejores servicios. Confiamos en que este sea prontamente un proyecto de rápida tramitación en el Congreso, ya que es absolutamente necesario eliminar la burocracia y contar con la capacidad suficiente en los servicios públicos para responder en los plazos estipulados que contempla la ley”, expresó Peña Jones.

Medidas

Con su implementación se proyecta un aumento en la certeza jurídica, mediante normas claras y precisas, por medio de una óptima trazabilidad de los permisos asociados. Asimismo, la reforma vela porque los procesos de tramitación sean adecuados y resguarden los objetos de protección de cada sector (la salud, la seguridad de las personas, el medio ambiente, etc.).

Lo anterior se materializa en las siguientes medidas:

  1. Normas mínimas de tramitación para permisos sectoriales: Se establecerá que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad, se mejorará la regulación de las interacciones entre servicios y entre el Servicio tramitador y el solicitante, estableciéndose plazos máximos para todos los procedimientos que al día de hoy no tienen. Además, se especificará y viabilizará el uso del silencio administrativo como instancia final excepcional.
  • Proporcionalidad en la tramitación y mejora regulatoria: Se establecerá un procedimiento que permita racionalizar la regulación periódicamente. En algunos casos, se posibilitará el reemplazo de autorizaciones por declaraciones juradas del titular del proyecto, u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad que compone un proyecto. Estos procesos resultarán en rutas simplificadas de tramitación según umbrales determinados en reglamentos.
  • Ventanilla única digital: Se establecerá la plataforma SUPER como la ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales y para la presentación de declaraciones juradas y avisos por parte de titulares. Esta plataforma permitirá a los titulares de proyectos acceder permanentemente a los detalles del estado de sus solicitudes de autorización.

4. Gobernanza para el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial: Se creará un órgano público que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las normas de tramitación y coordinar y guiar a los servicios tanto en sus procesos de tramitación como en la constante mejora del marco normativo de los permisos sectoriales.

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