Primera Condena de Nueva Ley 21.057: Tribunal Oral de Arica Condena a 3 Años de Cárcel a Autor de Abuso Sexual
15 octubre, 2019   //   Nacional, Policial, Sociedad

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dictó la primera condena en la jurisdicción desde que entró en vigencia la ley N° 21.057, de entrevista videograbada, que protege la entrega del testimonio judicial de la víctima a través de la declaración en una sala especial y con la intermediación de un profesional acreditado.

En este contexto, el tribunal condenó a N. F. N. A. (50) a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autor del delito de abuso sexual. Ilícito perpetrado en marzo de 2018, en la ciudad.

En fallo unánime, el tribunal condenó a N. F. N. A. a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidas en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

La resolución dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que el 23 de marzo de 2018, alrededor de las 12 horas, la víctima, de 5 años de edad, se encontraba jugando en la calle, frente a su domicilio, circunstancia en que el acusado se acercó al menor de edad y efectuó actos de significación sexual. La acción llamó la atención de sus familiares, quienes acudieron en su auxilio.

El tribunal aplicó, además, al condenado las siguientes penas accesorias: inhabilitación absoluta perpetua para derechos político y la de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos durante el tiempo de la condena; la prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o establecimiento educacional del ofendido, la prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia; y sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes a cumplimiento de la pena. Esta sujeción consistirá en informar a Carabineros cada tres meses su domicilio actual.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

 

 

 

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