La actividad se realizó en el Liceo Octavio Palma Pérez, en conjunto con el SLEP Chinchorro y el Mineduc para los 75 establecimientos públicos.
¿Sabías que 7 millones de personas fueron discriminadas por su etnia, sexo u otro desplazamiento en América Latina y el Caribe en medio de la pandemia?
Eso fue parte de las estadísticas que trajo la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, en el lanzamiento del texto lanzado en Arica, en medio del taller “Reconstruir sin ladrillos: Guías de apoyo para el sector Educativo en Contextos de Emergencia”.
La actividad fue programada en el Liceo Octavio Palma Pérez, con presencia del seremi de Educación, Francisco Valcarce; la directora ejecutiva (s) de SLEP Chinchorro, Karla Villagra, y Florencia Saffirio, representante de la Unesco y quien fue la encargada de desarrollar el taller, donde participaron directores y docentes de los 75 establecimientos de educación pública.
El documento ofrece herramientas para la inclusión educativa de personas que se encuentran en contexto de movilidad e incluye información para robustecer las capacidades de profesionales que diseñan e implementan acciones de respuesta desde el sector educativo, ya sea ante conflictos armados, desastres provocados por el cambio climático, crisis sanitarias, entre otras causas.
El texto fue lanzado en un evento convocado por la Unesco, Fundación SM, el Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro. Esta última, tiene un rol fundamental en el cumplimiento del derecho a la educación de quienes se encuentran en contexto de movilidad en el norte del país sudamericano.
El Marco de acción para garantizar el derecho a la educación: herramientas para la inclusión educativa de personas en contexto de movilidad se dirige a los equipos de los ministerios de Educación, tomadores de decisiones, planificadores de política y profesionales y equipos de organizaciones de la sociedad civil y del sistema de Naciones Unidas. Su contenido apoya el diseño e implementación de acciones concretas hacia la garantía del derecho a la educación de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y retornadas y ofrece, además, propuestas para planificar acciones relacionadas.
“Muchas veces las oportunidades de aprendizaje no consideran variables culturales y lingüísticas, y las respuestas no consideran la participación activa de las comunidades desplazadas y de acogida. Este escenario nos desafía a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales de los sistemas nacionales de educación. De este proceso depende la posibilidad de respuestas sostenibles en el tiempo”, detalló Florencia Saffirio.
