Las tomas sistemáticas y usurpación de terrenos en Arica y el resto del país constituyen una vergonzosa realidad que se ha acrecentado en los últimos años debido a la inacción del Estado; a las bajas sanciones ante este delito; a la falta de herramientas que reclama el Ministerio Público para enfrentarlas y a la existencia de multas que no tienen ninguna eficacia.
Tras aprobar el proyecto de ley sobre usurpaciones o sobre ocupaciones ilegales de inmuebles, el senador José Miguel Durana (UDI) explicó que esta iniciativa fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución quedando lista la iniciativa para su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados y Diputadas.
“Se trata de un problema que venimos reclamando hace varios años no sólo las personas afectadas, sino que también quienes representamos a los ciudadanos de la región, esperando una respuesta contundente que ponga fin a las ocupaciones ilegales que mediante la promulgación de esta ley, debiera llegar”, afirmó el legislador gremialista.
En este contexto, mencionó que septiembre de 2021 solicitó un catastro de los terrenos tomados en la ciudad y que lejos de obtener una respuesta eficaz al mismo en dos años, las tomas en Arica tuvieron un crecimiento explosivo no sólo en terrenos baldíos sino también en campos minados o en santuarios de la naturaleza.
Se suma la dilapidación de recursos hídricos con el robo de agua, la estabilidad de los cerros como producto de los pozos sépticos, la afectación de quebradas y la destrucción del patrimonio arqueológico, entre otros, son problemas que se deben enfrentar a diario en la ciudad.
Algunas estimaciones consideran que la superficie de terreno tomado es superior a las 500 hectáreas, siendo, la gran mayoría de ellas, en la misma ciudad, por lo que el parlamentario señaló que el problema es de tal magnitud e impunidad que los terrenos usurpados son incluso ofrecidos en venta en Perú y la posesión irregular está incluso protegida por el crimen organizado.
SOBRE EL PROYECTO
Este proyecto de ley aumenta las penas para este tipo de delitos y autoriza al Ministerio Público utilizar técnicas especiales de investigación que permitan enfrentar este tipo de delitos, contemplando la necesidad de considerar la flagrancia como un elemento que ayuda a la persecución del delito y no constituya una verdadera limitación.
“En este contexto, no es entendible el criterio del gobierno para plantear indicaciones que buscan limitar este proyecto de ley, reflejando una falta de consecuencia con el objetivo planteado y con la seguridad de ciudades como Arica que se ve gravemente afectada por este delito de usurpación”, puntualizó el senador Durana.
