jueves, abril 25, 2024

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Senado da unánime respaldo a proyecto que tipifica como delito el contrabando de dinero

El transporte ilegal de altas sumas de dinero constituye una práctica que afecta, en especial a las fronteras del norte. Su destino, muchas veces, está relacionado al comercio ilegal de todo tipo de mercaderías y actividades relacionadas con el narcotráfico, así como el lavado de activos y el crimen organizado, según explicó el senador José Miguel Durana (UDI).

En ese contexto, el legislador dio su total respaldo a la idea de legislar el proyecto que modifica una serie de cuerpos legales para incluir en el delito de contrabando el ingreso o extracción de dinero del país, iniciativa que fue aprobada, en general, de forma unánime, en la Sala del Senado.

Durante su intervención, el parlamentario ariqueño señaló que el fundamento del proyecto radica, esencialmente, en la adopción de herramientas para la lucha contra el crimen organizado, considerando que durante los últimos años ha existido casos en que se ha descubierto el ingreso irregular de dinero al país con fines de financiamiento del terrorismo.

Precisó que la tipificación de estas conductas, como delito de contrabando, permite que la infracción a las normas establecidas sea tratada en el ámbito del derecho penal y de esta forma, el que introduzca, en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al portador, por lugares no habilitados, sin presentarlos a la Aduana será sancionado. 

Sin perjuicio de lo anterior, Durana señaló que se considera relevante que, a propósito de la discusión que abre este proyecto, se revise acuciosamente el funcionamiento de Aduanas, no sólo en lo relativo al contrabando de dinero, como lo plantea el proyecto, sino que también en la comisión de otros ilícitos, como el tráfico de drogas. 

En la misma sanción incurrirá el que realice una declaración falsa respecto del monto de dinero que transporte, hasta la suma de $US.10.000. Ahora corresponde que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución para su estudio en particular, para lo cual se fijó el 12 de mayo como plazo para presentarle indicaciones.

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