Durante un encuentro con dirigentes sociales de la comuna, convocado por la Municipalidad de Arica, en el ex Cine Colón, para abordar la desbordada delincuencia que se vive en la ciudad, el senador José Miguel Durana pidió el compromiso de sus colegas parlamentarios para que se reúnan el próximo martes 8 de noviembre en el Congreso Nacional.
“Pidamos, de manera conjunta, como una sola fuerza y de manera oficial, que la ministra del Interior, Carolina Tohá, visite la región con el subsecretario del ramo, Manuel Monsalve y se reúnan con los dirigentes sociales en un diálogo ampliado. ¡La comunidad de Arica quiere soluciones ahora!, ¿Para qué nos vamos a dar vueltas en lo mismo?”, planteó el parlamentario.
De esa forma, precisó Durana, se puede dar respuesta conjunta al petitorio de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos que representan a una población ariqueña hastiada de los niveles de delincuencia, criminalidad y migración irregular que los lleva a encerrarse en sus casas junto a sus hijos, sin poder disfrutar de los espacios públicos y de vida en comunidad.
Durante su intervención, el legislador señaló además que hoy en el Senado hay 8 proyectos de ley vinculantes a la seguridad ciudadana, de los cuales sólo uno tiene el patrocinio del gobierno que es la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lamentando que sea el Ejecutivo que ponga las urgencias de lo que se legisla en el Congreso. “Vemos poca voluntad de esta administración gubernamental de querer endurecer las penas para quienes delinquen”.
En este sentido, dijo que desde el Congreso se ha pedido que cambie el reglamento del uso de la fuerza policial porque frente a la amenaza del delincuente, Carabineros y la PDI no pueden cumplir con el deber constitucional, pero que en la mesa de trabajo que se conforma falta el Poder Judicial porque todo el trabajo investigativo, táctico, policial y de inteligencia termina con el delincuente en la calle a las 48 horas después, con la medida cautelar de no acercarse a la víctima”.
REACCIONES VECINOS
Giovanna Pinto, dirigente de la junta vecinal Pago de Gómez de Azapa, dijo que Arica está viviendo una situación grave, de emergencia, en donde muere gente permanentemente, producto de la delincuencia que se instauró y “no tenemos seguridad porque somos tierra de nadie”, puntualizó.
Agregó que si las policías no tienen garantías para tener mano firme con los delincuentes no hay solución. “Esto es una catástrofe porque somos los ciudadanos los que estamos perdiendo nuestros derechos, mientras avanza la delincuencia. El Estado no nos está garantizando seguridad, pero si cuidando a los delincuentes y asesinos en las cárceles”.
Sebastián Arellano, tesorero de la junta vecinal Magisterio dijo que Arica está muy abandonada, sin que las autoridades den soluciones concretas. “Da pena esta ciudad y el desborde ilegal de migrantes está descontrolado. Necesitamos Estado de Excepción urgente”.