En Arica y Parinacota y Tarapacá la migración irregular es cada día más grave y hoy, cientos de personas, muchos de ellos, acompañados con bebés y menores de edad pasan de forma ilegal hacia estas regiones del norte, no sólo exponiendo su integridad física al desplazarse por pasos clandestinos en condiciones climáticas severas, sino que además arriesgándose a ser detenidos y retornados a sus lugares de origen.
También hay extranjeros que hoy esperan en los pasos fronterizos para autodenunciarse, según indica la ley vigente y de esta forma, ser trasladados a residencias sanitarias, donde obtienen techo y atenciones de salud o bien, producto de su precaria condición, obstaculizan las rutas para ser auxiliados por conductores y transportistas.
Por lo mismo, el senador José Miguel Durana realizó un llamado público al gobierno para que el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos dicte el reglamento para que entre en plena vigencia la Nueva Ley de Migración y Extranjería, aprobada por el Congreso a comienzos de este año y promulgada en el mes de abril y de esta forma, se ponga fin a los ingresos clandestinos.
Se trata de lo establecido en el artículo 44 de la ley, referido al otorgamiento del Rol Único Nacional y enrolamiento para la identificación de los migrantes ante todo órgano de administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud privado, o establecimiento de educación público o privado.
“La tramitación de esta Ley duró varios años y el fenómeno migratorio que se incrementó con el éxodo de venezolanos hacia América Latina y luego, la llegada de la pandemia hizo que se aprobara con gran celeridad, pero hoy vemos con preocupación que aún no se pone en marcha pese a que el Ministerio de Justicia tenía un plazo de seis meses que vence en octubre”, precisó el parlamentario.
Recalcó que hoy más que nunca se hace necesario poner un alto al drama de la migración que no sólo afecta a quienes llegan al país sin documentación para acceder a plazas de trabajo o prestaciones sanitarias, sino que perjudica la calidad de vida de la ciudadanía que habita de forma legal y regular en nuestras ciudades y que hoy observa con temor este proceso.
“No podemos seguir esperando que se ponga en marcha la nueva ley. El gobierno debe hacer su trabajo y dictar los reglamentos. Más que nunca se requiere la nueva institucionalidad migratoria porque estamos poniendo en juego la convivencia social y económica de nuestra ciudadanía”, precisó el senador José Miguel Durana.
