La total falta de medidas de seguridad y la nula existencia de normativa, fueron las principales aristas tratadas.
Este lunes fue conformada la primera mesa de trabajo en torno a los accidentes de menores con resultado de muerte dentro de predios agrícolas de Arica, instancia conformada por la Municipalidad de Arica y que contó con la participación de actores gubernamentales y de fuerzas de orden.
La iniciativa nació ante los recurrentes casos de niños y niñas que han perdido la vida en situaciones de descuido durante el trabajo de sus padres, una situación que de por sí es irregular.
La reunión contó con la participación de representantes de la Dirección de Desarrollo Rural, Unidad de Tierra y Agua de Conadi, Seremi de Trabajo, Oficina Municipal de Infancia, Dirección de Salud Municipal, Oficina de Protección de Derechos, Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Procuraduría de Arica, Departamento de Comunidad y Territorio, Oficina de Desarrollo Indígena, Oficina de Derechos Humanos, PDI, Chile Crece Contigo y Seremi de Agricultura.
María Olga Gómez, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Rural, explicó que el objetivo de la instancia es poder identificar las variables que se ocasionan en estas tragedias, considerando que la agricultura es uno de los cuatro ejes de desarrollo estratégico regional y carece de normativas y fiscalización.
“Lo primero que queremos es diagnosticar cuál es la realidad y cómo los diferentes servicios públicos están abordando la temática porque es un problema multidimensional. Hay varias variables que están cruzándose para que tengamos estos desenlaces fatales”, señaló.
Una de las principales aristas de discusión fueron los estanques de regadío, principal riesgo para los menores de edad que acompañan a sus padres durante las labores agrícolas.
La falta de medidas de seguridad como cierres perimetrales y ausencia de fiscalización y normativa, han sido identificadas como las causales más graves de una situación que ha ocurrido de manera sistemática, y que debe ser solucionada de una verdad por todas.
La directora de Disam, Rossana Testa señaló que no hay que dejar de lado la responsabilidad estatal que ha hecho “vista gorda” durante años respecto a las irregularidades laborales en el sector agrícola regional, una realidad cultural que hemos llegado a normalizar.
“Hay un tema cultural que hay que considerar. Los padres andan con sus hijos menores porque no tienen salas cunas, no tienen un lugar donde llevarlos. Al momento de fiscalizar, debemos conocer cuál es la responsabilidad tanto de los padres como de los mismos dueños de los predios. Hay que empezar por analizar por qué los padres están allí, cuáles son las garantías del Estado para la seguridad de esos niños y niñas que no deberían estar en un lugar de trabajo”, enfatizó.
En tanto, Cecilia Silva, directora Regional de la Dirección del Trabajo, indicó que “como Dirección del Trabajo, estamos abocados a poner todos los esfuerzos para ir en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes, con el fin de poder erradicar el Trabajo Infantil. Es por esto que hemos puesto a disposición de la mesa, las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo y el compromiso de una organización mancomunada. Tenemos claro que los empleadores, por el deber de seguridad, tienen que responder por la salud y seguridad de sus trabajadores, y a la vez, tener la seguridad de que estos no concurran con sus hijos a sus lugares de trabajo”.
Entre los acuerdos adoptados en la primera jornada destaca la realización de un catastro georreferenciado de los estanques agrícolas, además de requerir apoyo de los parlamentarios regionales para poner sobre la mesa un proyecto de ley que obligue a los dueños de predio contar con cierres perimetrales en los acopios de agua.
Los actores públicos establecieron un plazo de un mes para discutir los avances en torno a los acuerdos pactados, jornada que quedó agendada para el próximo 24 de mayo.
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