Acogiendo la presentación realizada por los senadores, José Miguel Duana; Manuel José Ossandón y David Sandoval, el Tribunal Constitucional (TC) dio luz verde al proyecto que regula los fraudes con tarjetas bancarias, rechazando el requerimiento presentado por la Asociación de Bancos (ABIF) en contra de la iniciativa.
Según explicó el legislador ariqueño, el TC estableció que en este proyecto no hay artículos inconstitucionales, como aspiraba la banca, por lo que quedó en condiciones de convertirse en ley, otorgando seguridad a muchos chilenos que producto de la pandemia hacen mayor uso de la tecnología y operaciones comerciales online.
“Esta ley limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de créditos cuando son víctimas de robo o pérdida y en caso de uso fraudulento, debiendo la banca responder cancelando los cargos y restituyendo los fondos cuando el monto reclamado sea hasta 35 UF en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien ejercer las acciones legales”, precisó Durana.
Si el monto «extraído» superar las UF 35 ($1.000.000), la entidad financiera tendrá 7 días para revisar los antecedentes y determinar si hubo dolo o culpa grave, y si ese fuera el caso, podrá iniciar un proceso judicial ante los Juzgados de Policía Local en que vive el defraudado, lo cual será notificado por los bancos a sus clientes.
Aun cuando el usuario debe informar de inmediato al banco cuando se percata de un fraude, se estableció un límite de 120 días como plazo máximo para que el cliente se entere de aquello y haga el reclamo a su institución financiera tras el conocimiento de su cartola.
La iniciativa que fue ampliamente abordada en la Comisión de Economía del Senado, además prohíbe que los bancos obliguen a sus clientes a contratar seguros para resguardar su dinero durante los 120 días previstos por la ley; de ahí en adelante funcionaría para aquellas personas que, por ejemplo, no revisan periódicamente sus cuentas.
