El desalojo que comenzó este sábado 24 de julio, partió con 115 viviendas desocupadas en un proceso calificado como pacifico y expedito.
El delegado presidencial Cristian Sayes junto al seremi de Seguridad Pública y Seremi de Gobierno, Pollyana Rivera y jefaturas de la PDI y Carabineros, además de la municipalidad de Arica, informó que el operativo de desalojo y recuperación de terrenos avanza de manera expedita y pacífica, destacando el retiro voluntario de las familias del sector. Asimismo, se informó que el operativo partió con 115 de las 223 viviendas irregulares, ya desocupadas, consignando que más de 40 familias han abandonado el lugar por sus propios medios sin presentar resistencia.
Sayes informó que para garantizar el resguardo de las personas en situación de vulnerabilidad, el operativo dispuso de un «Punto Seguro» y de un albergue habilitado en el estadio con capacidad para 100 personas.
Asimismo y a propósito de información que circulaba en redes sociales, el Delegado desmintió en forma categórica que no se entregarán soluciones habitacionales a quienes participan en tomas irregulares, desmintiendo afirmaciones recientes, recordando a la ciudadanía que infringir la ley mediante ocupaciones ilegales no es una vía válida para obtener beneficios o subsidios del Estado. El apoyo brindado se centra estrictamente en la orientación psicosocial para niños, niñas y adolescentes, siguiendo las normativas del Ministerio de Desarrollo Social, el INDH y la Defensoría de la Niñez.
Crimen organizado
Para evitar que los inmuebles vuelvan a ser ocupados, maquinaria pesada ya trabaja en la inhabilitación inmediata de las casas, retirando estructuras, puertas y ventanas desde el piso hacia arriba. Posteriormente, se efectuará el cierre perimetral y la remoción de techos de asbesto, cuyo material contaminante será trasladado a un depósito especializado en Antofagasta.
Este operativo marca además un hito clave en la seguridad pública. La Fiscalía Regional logró la desarticulación total de las bandas de crimen organizado que operaban en este asentamiento, tales como Los Gallegos, el Tren de Aragua y el Tren del Coro, recuperando así terrenos pertenecientes al Serviu para el futuro desarrollo de la ciudad.
El operativo es supervisado en terreno por autoridades clave, incluyendo al Seremi del Minvu, el Seremi de Seguridad Pública y la Fiscal Paulina Brito. La masiva coordinación interinstitucional para asegurar el orden público y brindar apoyo psicosocial, suma 198 funcionarios de carabineros, 104 efectivos de la PDI, 30 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y 15 del Serviu, quienes se desplegaron en el lugar.
Población extranjera y ciudadanos chilenos
El catastro oficial señala que un 76% corresponde a población extranjera y un 24% a ciudadanos nacionales, siendo un 35% son niños, niñas y adolescentes, mientras que un 5% son adultos mayores o personas con movilidad reducida. Tras una resolución de la Corte Suprema, el Serviu debió desembolsar la suma de 2.800 millones de pesos únicamente para cubrir el consumo de agua del campamento irregular.
El plan de recuperación contempla mantener la seguridad en la zona mediante rondas preventivas del Plan Cuadrante, PDI y Carabineros, extendiendo la fiscalización a otros sectores afectados por tomas ilegales, como Cerro Chuño y el borde costero, con el fin de erradicar definitivamente estas prácticas en la región.
