Defensoría Regional Sergio Zenteno Alfaro advierte que el 47% de las personas que están en prisión preventiva reciben condenas sin privación de libertad
El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro, rindió hoy su Cuenta Pública, Gestión 2025 destacando que durante el año pasado ingresaron un total 6.920 causas-imputados, y que en 687 de ellas se aplicó la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, advirtió que de este total de personas que fueran privadas de libertad durante la investigación de sus causas, un 47 por ciento de ellas terminaron siendo condenadas con penas en libertad.
También hizo hincapié en el alto número de causas que terminaron durante el año pasado, 7 mil 135 en total, y cómo 1 de cada 4 de ellas concluyeron sin una condena. Se trata de personas que fueron absueltas, sobreseídas, o en las cuales el Ministerio Público resolvió no seguir adelante con la investigación. “Del total de personas no condenadas, hubo 97 que estuvieron en prisión preventiva mientras duró su investigación”.
Agregó que “la prisión preventiva es una medida cautelar, no un castigo anticipado. Que quede claro: nadie sostiene que la prisión preventiva no deba existir. Hay casos en que resulta imprescindible para proteger a las víctimas, asegurar el correcto desarrollo del proceso o resguardar a la sociedad. Cuando una persona permanece presa y finalmente no es condenada, la pregunta es inevitable: ¿quién devuelve ese tiempo? ¿Quién repara ese daño?”, cuestionó el Defensor Regional.
En este contexto, detalló el caso de Marisol Humire, una mujer que fue acusada de ingresar droga a un recinto penitenciario, luego de que aceptara ingresar una bolsa con un pan de molde que le entregó el chofer del auto que la llevó a la cárcel de Acha.
La mujer pasó más de tres meses en prisión preventiva, y ella término absuelta de los cargos luego que quien le entregó la bolsa con el pan de molde reconociera que engañó a la mujer y nunca le dijo que llevaba droga al interior de éste.
Algunas cifras
En su balance anual, Zenteno Alfaro informó que los delitos más frecuentes fueron los de la Ley de Tránsito, los delitos contra la libertad y la intimidad de las personas, las lesiones y otros delitos; y, en quinto lugar, los asociados a la Ley de Drogas.
Del total de ingresos detalló que el 97,3 por ciento de las causas correspondió a adultos y un 2,7por ciento involucró a adolescentes. Entre los jóvenes predominaron los robos y los delitos contra la propiedad, seguidos por los delitos contra la libertad y la intimidad de las personas y las lesiones.
El Defensor Regional informó que dentro de las cárceles, los defensores penitenciarios tramitaron 3.056 requerimientos de personas condenadas y de sus familiares.
Migrantes y pueblos originarios
Respecto del total de ingresos, sólo el 24 por ciento de ellos correspondió a imputados extranjeros. Entre estos últimos, los delitos más frecuentes fueron los de la Ley de Tránsito, las lesiones y los delitos económicos y tributarios, principalmente asociados a infracciones a la Ordenanza de Aduanas; en cuarto lugar, los de la Ley de Drogas.
Adicionalmente, del total de imputados atendidos en 2025, 2.171 personas se reconocieron como pertenecientes a un pueblo indígena.
“Dicho de otro modo: uno de cada tres imputados que defendemos es indígena. Y uno de cada cuatro es migrante”, dijo el Defensor Regional y agregó que “la igualdad ante la ley no se logra tratando a todos por igual. Se logra reconociendo las diferencias culturales y las barreras idiomáticas que influyen en la comprensión del proceso penal”.
En este punto de su discurso, la autoridad destacó el trabajo de la Oficina Aymara e Indígena, donde trabajan defensores, asistentes sociales y facilitadores interculturales. “Nuestras facilitadoras interculturales no traducen solo palabras. Interpretan contextos, costumbres y silencios: significados que resultan decisivos para una defensa penal de calidad”, subrayó.
Desafíos
Entre los desafíos planteó la importancia del equilibrio entre las partes que conforman el sistema de justicia procesal penal, y la necesaria coordinación de todos los intervinientes.
“Si el Estado quiere investigar, juzgar y sancionar, debe garantizar siempre la presencia de un defensor. Podemos contar con más fiscales y jueces, y abrir más salas de audiencia. Pero si no fortalecemos la defensa penal pública, corremos el riesgo de que, junto al imputado, quede una silla vacía: la del defensor”, dijo y recordó que en abril pasado se publicó la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y que durante ese mismo mes comenzó a funcionar la fiscalía supraterritorial.
En este punto también advirtió que fortalecer la Defensoría no significa solamente contar con más defensores. También exige fortalecer su autonomía, para que pueda cumplir su función con independencia y en condiciones de verdadero equilibrio frente a los demás actores del sistema penal.
“En esa dirección, la Defensora Nacional, Verónica Encina, ha planteado la necesidad de avanzar hacia una Defensoría autónoma. No como un privilegio para los defensores, sino como una garantía para las personas y para el correcto funcionamiento del sistema de justicia”, dijo.
Como segundo desafío planteó la legítima preocupación que existe por la seguridad pública y la reinserción social.
“Una iniciativa que avanzaba en esa dirección era el Tribunal de Tratamiento de Drogas. En este programa, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública dejan de lado, por un momento, la lógica adversarial y analizan los casos en que el consumo problemático de alcohol o drogas ha tenido incidencia en la comisión de un delito”, explicó.
Agregó que “para ello, el Tribunal de Tratamiento de Drogas contaba con una dupla psicosocial que desarrollaba una labor fundamental en el acompañamiento de los imputados. Digo “contaba” porque, debido a problemas de financiamiento, desde este año esa dupla dejó de cumplir esta tarea. En nuestra región, el Tribunal de Tratamiento de Drogas ha sido un programa exitoso, que ha contribuido a reducir la reincidencia en la comisión de delitos”.
