-La memoria histórica y ambiental es la mejor herramienta para exigir leyes más estrictas, mejores tecnologías y una mayor conciencia colectiva capaz de generar cambios y un compromiso real con el entorno.
-Ex autoridades reconocen brechas territoriales, dificultades de coordinación y problemas técnicos y administrativos que retrasaron la demolición de viviendas abandonadas, mientras vecinos recuerdan un proceso marcado por la incertidumbre y la lucha por una solución.
Durante décadas, Cerro Chuño concentró una de las crisis ambientales, sanitarias y sociales más complejas de Arica y el país. Luego de que en 1984 ingresaran a la ciudad más de 20 mil toneladas de residuos provenientes de Suecia, que fueron procesados por la empresa Promel y posteriormente almacenados en distintos sectores, con el crecimiento urbano parte de esos territorios terminó rodeado de viviendas.
El propio Estado reconoce estos antecedentes como el origen de una problemática asociada a la presencia de metales como plomo, arsénico y cadmio. El sitio oficial del Programa de Polimetales de Arica señala que entre 1989 y 1995, se instalaron viviendas sociales en zonas cercanas a sitios contaminados y que Cerro Chuño fue uno de los sectores más afectados.
Ley N° 20.590
Luego de años de denuncias de habitantes y acciones judiciales, comenzaron a desplegarse distintas respuestas institucionales destinadas a enfrentar los efectos de la contaminación. Entre ellas estuvo la creación de un marco legal específico mediante la Ley N°20.590. Esta normativa estableció un Programa de Intervención en Zonas con Presencia de Polimetales en la comuna de Arica. Contempló medidas en salud, educación, vivienda y urbanismo, además de establecer un catastro de personas y edificaciones afectadas.
José Miguel Durana fue intendente cuando se puso en marcha la Ley de Polimetales. Recordó que, no obstante esto, las primeras familias inscritas voluntariamente fueron trasladadas durante el año 2013, saliendo de sus casas contaminadas. “Había mucha incredulidad y molestia, porque claramente, las personas no se querían ir, ya que habían invertido en sus viviendas pensando en que serían para toda la vida, por lo que, cuando se enfrentan a esta situación, la verdad es que las reuniones fueron bastante difíciles de sobrellevar”.
Y es que en esas instancias, autoridades de la época explicaban a los pobladores el riesgo que corrían al quedarse en sectores contaminados. Mientras tanto, el gobierno continuó con el plan de erradicación en Cerro Chuño y de mitigación en sectores como Los Industriales. Como parte de la ley se creó un subsidio especial para las familias afectadas que fueran objeto de relocalización. A su vez, estableció que los sectores donde permanecieran viviendas afectadas y que no fueran objeto de relocalización debían ser sometidos a medidas de mejoramiento de barrios.
Viviendas desocupadas pero no eliminadas
La política, sin embargo, enfrentó desde sus primeros años una dificultad fundamental, la existencia de viviendas que habían sido desocupadas por sus moradores originales, pero que no fueron inmediatamente eliminadas del territorio. La consecuencia fue que el lugar comenzó a experimentar un cambio de población. “De Cerro Chuño se fueron del pasaje 1 al pasaje 8 de manera aleatoria, no se fueron todos. Por otro lado, no se pudo demoler, porque son casas pareadas, entonces las familias nos exigían inutilizar o generar ciertos sistemas de seguridad, porque había una situación de inseguridad al llegar las tomas a estas casas. Se lograron realizar algunas inutilizaciones de baño, de agua, pero en los sucesivos años ya se generó un descontrol”, sostuvo Durana.
Enfrentando brechas
Para Renato Briceño, ex seremi de Medio Ambiente y quien asumió la coordinación territorial de la ley, esta fue una respuesta reparatoria a una exposición que había ocurrido muchos años antes. Se hizo en un contexto social, político y sanitario crítico, buscando responder de la forma más rápida y completa posible, sin embargo, dejó espacios de mejora.
“La principal brecha que enfrentamos fue territorial. La ley entregó a la Segpres, un ministerio político y no operativo, la designación de la autoridad coordinadora, y la coordinación quedó lejos de Arica. Para acreditarse como beneficiario, los antecedentes se reunían aquí y se enviaban a Santiago, donde se revisaban junto con muchas otras responsabilidades. Cuando asumimos, la acreditación era baja. Mejoró rápidamente cuando la oficina de polimetales se instaló en Arica, primero en la Gobernación Provincial y luego en la Seremi de Medio Ambiente”.
La legislación estableció criterios y procedimientos para determinar quiénes tenían la calidad de beneficiarios. También contempló un catastro de personas y viviendas afectadas. Esa delimitación fue necesaria para implementar el programa. “Hoy la brecha más evidente son quienes quedaron fuera, como los niños nacidos después de 2012. Mi criterio es de salud pública: si los exámenes clínicos acreditan que una persona está afectada por aquella exposición es de toda justicia incorporarla a la ley. La propia ley pedía registrar los efectos transgeneracionales de largo plazo. En ese momento no existían los instrumentos para medir cómo el daño pasa de una generación a otra. Hoy sí existen”, mencionó el ex seremi.
La relocalización
Los antecedentes oficiales muestran que el proceso de relocalización contemplaba que las familias beneficiarias transfirieran sus antiguas viviendas al Serviu para que estas fueran demolidas. Un decreto del Ministerio de Vivienda de 2017 da cuenta de este mecanismo señalando que algunas familias propietarias habían sido relocalizadas y que sus antiguas viviendas debían ser demolidas de acuerdo con el reglamento de la Ley N°20.590.
Pero el mismo decreto revela una de las dificultades, y es que en el sector de Villa El Solar existían familias que no se habían acogido a la relocalización, situación que impedía ejecutar completamente el proyecto de demolición, debido a que era necesario contar con la posesión de los inmuebles.
El ex seremi de Medio Ambiente, Renato Briceño, recordó que el proceso de mitigación fue exitoso, considerando que se trataba de sectores con calles y veredas de tierra y mucho polvo en suspensión. La primera medida fue el sellado del suelo mediante la pavimentación que eliminó ese foco y, de paso, cambió el rostro de esos barrios. También se limpiaron los techos para retirar el polvo acumulado.
“La erradicación fue lo más complejo. El problema partió como ambiental y se transformó en uno de salud pública. La ley le sumó además una dimensión de vivienda: relocalizar a las familias y demoler. Desde su promulgación, la ley ha pasado por cinco gobiernos de distinto signo. Una política que exige continuidad de largo plazo quedó sujeta a ciclos de cuatro años, en que cada administración tendió a redefinir prioridades”.
Añadió que recuerda el trabajo con las y los presidentes de juntas de vecinos, quienes, pese a haber sido afectados por la contaminación, eran personas tremendamente comprometidas, con quienes se construyeron acuerdos en contextos muy difíciles, donde las necesidades de salud, de vivienda y de contención chocaban a veces con el lenguaje técnico del riesgo que se debía explicar.
En 2017, el Instituto Nacional de Derechos Humanos recurrió a la justicia por el desalojo de personas que ocupaban viviendas en Cerro Chuño. La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de protección y dejó sin efecto el desalojo impulsado por la autoridad. El caso puso en tensión dos obligaciones que aparecían simultáneamente sobre el territorio; por una parte, el deber estatal de evitar que las personas permanecieran en viviendas emplazadas en una zona afectada por contaminación; y, por otra, la obligación de que cualquier procedimiento de desalojo respetara las garantías y derechos de las personas involucradas.
“El recuerdo más frustrante es el intento de desalojo y demolición de Cerro Chuño en 2017. Fueron meses de gestión con el nivel central, la Subsecretaría de la Segpres y las direcciones nacionales de Carabineros y la PDI. Se comprometieron recursos públicos importantes, y el proceso quedó suspendido tras un recurso de protección que acogió la Corte de Apelaciones. Respeto la decisión judicial y no desconozco la situación de quienes vivían ahí, Pero había un compromiso del Estado y un acuerdo con los dirigentes del territorio, que también lamentaron la suspensión. Esas viviendas debían demolerse para que nadie volviera a habitar un suelo declarado contaminado, y el costo fue que el problema siguió creciendo”, comentó Briceño.
La ex autoridad concordó con el antiguo intendente José Miguel Durana, en que la demolición no fue posible primero, por razones técnicas, ya que las casas de Cerro Chuño estaban construidas de forma encadenada, por tanto, no se podía demoler una sola, había que demoler el pasaje completo, y para eso todo el pasaje debía estar desocupado. La segunda “traba” fue de diseño. El primer proceso de relocalización, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera, trató la relocalización y la demolición por separado. Las familias salían, las casas quedaban en pie esperando que se desocupara el pasaje, y en ese intervalo se volvían a ocupar. La tercera fue el tiempo. Briceño relató que “un desalojo con demolición exige definir quién ejecuta y quién financia, aprobar recursos, obtener permisos sectoriales y la toma de razón de Contraloría. También hay que emitir las órdenes de desalojo y coordinar a las policías y a todos los servicios involucrados. Todo eso requiere mucho tiempo y voluntad política sostenida. En gobiernos de cuatro años es muy difícil completarlo en una sola administración”.
Mientras tanto, Cerro Chuño entró en una especie de abandono. Cada intento de relocalización dejaba casas vacías que ocupaban familias vulnerables que necesitaban un techo y, con los años, también grupos vinculados al crimen organizado. Así, un problema que partió como ambiental, pasó a ser de salud pública y luego de vivienda, hasta transformarse en un problema de seguridad.
“Hoy tenemos una distancia en el tiempo que antes no teníamos, tanto del foco de contaminación como del momento crítico en que se discutió la ley. Eso nos permite, desde el mundo político, revisar este caso con más calma y mesura. Invito a atrevernos a hacer el diagnóstico más duro sobre lo que cada gobierno, incluido el que integré, pudo haber hecho mejor, y a trazar desde ahí lo que efectivamente hace falta, y a hacer justicia donde corresponde. Si hay respaldo clínico de que personas que hoy quedan fuera de la ley fueron afectadas por aquella exposición, el Estado debe encontrar la forma de incorporarlas”, sentenció Briceño.
Recuerdos que marcan
Pamela Muñoz fue dirigente en la Villa El Solar en el sector de Cerro Chuño. Recordó que en esos años, a los vecinos afectados les ofrecieron irse a departamentos, situación que varios rechazaron, considerando que ellos habitaban casas. “Decidimos quedarnos y nos arriesgamos mucho por soberbia, pero en ese sentido ‘cateteamos’ y logramos obtener nuestra casita, porque eran familias numerosas y con problemas de salud”, contó señalando que desde hace 11 años vive junto a otros pobladores en casas entregadas en Punta Norte.
Miguel Ramírez, primer director de la junta de vecinos en la Villa El Solar, también apuntó a que el esfuerzo de los residentes dio fruto para consensuar con las autoridades una solución justa para los ex moradores. “Cuando en Cerro Chuño se hizo un muestreo que indicó contaminación máxima, se tenía que favorecer al sector por completo, no solo a algunos. Nosotros invertimos en esas casas, eran nuestros hogares, entonces no podíamos irnos a un departamento, así que la peleamos harto”.
Cuando llegó el plan maestro, los dirigentes rememoraron que se conformaron grupos, y que quienes no querían abandonar sus casas tampoco podían ser obligados, mientras los que sí querían avanzaban el trámite del subsidio. “En El Solar nos fuimos ordenados, porque nos conocíamos todos. En otros sectores también había incredulidad y aprovechamiento de otros dirigentes. Estamos contentos de haber logrado lo que logramos, nos tocó de todo, pasando de gobierno en gobierno, entonces teníamos rabia, pero también muchas ganas de luchar por lo justo”, dijo la ex presidenta de Villa El Solar.
Respecto al proceso de demolición, señaló que le tocó vivir la posibilidad de que demolieran una casa contigua a la de ella, aún cuando su hijo presentaba altos niveles de contaminación en la sangre. “Me opuse, obstruí el paso con mi auto, porque no entendía cómo era posible que sucediera algo así. Nos decían ‘mientras demuelen váyanse a la playa y cuando vuelvan ya no habrá nada’. Es como que se reían en nuestra cara. Yo les respondí que no iba a permitir eso con mi hijo teniendo 60 de arsénico y exponiéndose a los restos de la casa de al lado”.
A este enojo, los pobladores agregaron que la situación era completamente inusual, y que hubo personas que se aprovecharon del dolor ajeno. “Nos preguntamos cómo el Estado, a la fecha, no quiere entender lo complicados que estamos quienes vivimos en Cerro Chuño. Esto no se trata solo de viviendas, es salud, personas que han fallecido, otras que sufrieron el aprovechamiento de inescrupulosos o el desconocimiento… Tenía una vecina de otro sector que me decía ‘quiero irme, ayúdeme, le doy los papeles’ Y no podía, porque era de un sector distinto y las dirigentes nunca se preocuparon de velar por todos”, aseguró Pamela Muñoz.
Finalmente, Ingrid Chacana, vecina de Cerro Chuño recordó que al llegar a su casa junto a su marido, empezaron a hermosearla. Ambos eran jóvenes y tenían sueños de familia por delante. “Pintamos, le hicimos un segundo piso y allí tuve a mis hijos. Fuimos felices en esa casa, con los vecinos que también eran familia. Fui una de las últimas que se fue del sector… Imagínese la rabia e impotencia de ver años después mi casa tomada, la que tanto nos costó, en la que tanto invertimos. Vimos cómo se empezaron a adueñar de los que antes eran hogares de vecinos, llegó gente de mal vivir, es algo terrible que no se lo doy a nadie”, puntualizó.
