Con la finalidad de buscar soluciones a la problemática que afecta a microempresarios y vecinos de Cerro Chuño, el alcalde de Arica Gerardo Espíndola Rojas junto a la directora de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipreseh), Claudia Hermosilla Railén, convocó a una reunión online a los parlamentarios de la región y al “Asociativo Barrio Industrial ORPA y AGRIMA”, ocasión en la que sus dirigentes manifestaron su preocupación por la difícil situación delictual que presenta el sector.
En representación de los 354 usuarios, los dirigentes manifestaron su preocupación por estos hechos que atentan contra su patrimonio y las personas, ya que desde hace bastante tiempo que vienen sufriendo esta problemática, que genera percepción de inseguridad a los trabajadores del sector.
En la oportunidad, los senadores José Durana, José Miguel Insulza y los diputados Vlado Mirosevic y Nino Baltolú, entregaron sus puntos de vista ante la grave problemática que afecta a los microempresarios como también la dura realidad de quienes viven en el sector de Cerro Chuño.
En este contexto, los congresistas manifestaron su voluntad de ayudar a los dirigentes y asociados del barrio industrial, comprometiéndose a buscar los caminos que sean necesarios para remediar el problema y dar mayor tranquilidad a sus trabajadores y usuarios.
En relación a la problemática de Cerro Chuño, el alcalde Espíndola señaló que existe un incumplimiento de la ley del año 2012, en la que se indica que ninguna persona puede vivir en ese sector debido a la contaminación por polimetales, “acá hay una falla histórica de no haber erradicado y demolido las casas que se tomaron, por lo que tenemos una situación sanitaria compleja con familias viviendo en un sector contaminado”.
A ello agregó que, “se está generando un lugar de desgobierno, por lo que se ha incrementado la delincuencia, también se suman los problemas sanitarios con la falta de agua, en este sentido hay que tomar medidas duras”.
Historia
Cabe recordar que la erradicación de Cerro Chuño comenzó en 2012, las casas deshabitadas nunca se demolieron y fueron tomadas por familias chilenas y también extranjeras.
A la delincuencia en el lugar los dirigentes también acusaron un problema sanitario.
