Tribunal oficiará para que Condenados dejen de trabajar en Servicio Públicos. Los condenados permanecen trabajando en reparticiones públicas pese a estar inhabilitados para ello, como lo indica la sentencia.
El Juzgado de Garantía accedió a la petición de la Fiscalía de Arica y oficiará a la Municipalidad local y a la Corporación de Asistencia Judicial para que se dé cumplimiento efectivo a las penas de inhabilidad y sanciones accesorias dictadas en contra de cuatro funcionarios públicos.
Lo anterior, se dio en el contexto de una audiencia de revisión de cumplimiento de pena que fue solicitada por la Fiscalía, debido a que actualmente, y pese a que existe un fallo ejecutoriado desde noviembre del año pasado, estos cuatro condenados permanecen trabajando en reparticiones públicas pese a estar inhabilitados para ello, como lo indica la sentencia.
Se trata de los funcionarios municipales Manuel Terrazas Ayca, Fernando Vargas Villarroel y Sergio Navarro Navarro, además de la abogada jefe de la Oficina de la Defensoría Laboral dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial, Marcela Palza Cordero, quienes fueron condenados por el Tribunal Oral a diversas penas en libertad vigilada y remitida como autores de delitos de fraude al fisco y cohecho. Asimismo, fueron condenados a penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público y a la inhabilitación especial perpetua para el cargo y oficio público, como también temporales para el ejercicio de dichos cargos.
«Señalamos al tribunal que la existencia de investigaciones administrativas que pesan sobre los condenados obedecen a eventuales infracciones a obligaciones de carácter administrativo, por lo que corresponden a estatutos distintos de la ejecución de una sentencia penal, por lo que las reparticiones públicas no pueden tomar palco ante un fallo ejecutoriado emanado de un Tribunal de la República. Cada día que transcurre sin que se ejecute el fallo y se desvincule a los condenados, es un día más en que éstos reciben un sueldo de parte del Estado, siendo que el mismo Estado los condenó por delitos de corrupción», expresó la Fiscal Regional Javiera López.
En la misma audiencia se debatió acerca del pago de las multas a las que también fueron condenados los acusados, que van desde los 198 mil pesos hasta los 60 millones de pesos; sin embargo, se fijó una nueva audiencia para el 31 de mayo para verificar si éstos han dado cumplimiento a dicha sanción.
