La Comisión de Libertad Condicional de la jurisdicción de Arica acogió 85 solicitudes de libertades condicionales (41,8%) de un total de 203 presentadas por condenados de las unidades penales del Complejo Penitenciario de Acha, el Complejo Penitenciario de Mujeres y del Estudio y Trabajo (CET) de la ciudad.
En la instancia, la comisión trabajó en base a los informes técnicos elaborados por Gendarmería de Chile, resolviendo rechazar 118 solicitudes, un 58,2% del total solicitante.
En esta primera sesión del año la comisión fue presidida por la ministra Claudia Arenas e integrada por los magistrados del Juzgado de Garantía de Arica Héctor Barraza Aguilera y Rodrigo Urrutia Molina, además de los jueces del Tribunal de Juicio Oral de la ciudad Sara Pizarro Grandón y Jairo Martínez Cuadra. Junto a ellos, participó el secretario del tribunal de alzada, Rodolfo Mansilla Maldonado, en calidad de ministro de fe.
Según explicó la ministra Claudia Arenas, las carpetas evaluadas incluyen todos los antecedentes de cada uno de los internos que postularon, los que deben cumplir con los requisitos que la legislación impone. “Quienes acceden a este beneficio están sujetos a una supervisión de un profesional dependiente de Gendarmería que elabora un plan de cada uno de los internos para insertarse en la sociedad”, dijo.
El Decreto Ley N° 321, modificado por la ley N° 21.124 –que entró en vigencia el 18 de enero de 2019– establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal, y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad.
El 17 de septiembre de 2020, el Ejecutivo publicó además el decreto 338, reglamento que establece las normas relativas a la organización del sistema de libertad condicional, incluyendo los programas, las características y los aspectos particulares que éstos deberán tener, así como los planes de intervención individual y las características y requisitos que deben reunir los delegados de libertad condicional.
