Las autoridades regionales buscan perseguir responsabilidades administrativas, civiles o penales frente a un pasivo que supera los $95 mil millones por fondos no restituidos y graves irregularidades financieras detectadas entre 2021 y 2024.
Frente al eventual perjuicio patrimonial contra la Región de Arica y Parinacota, el gobernador Diego Paco, junto a los consejeros y consejeras regionales, pusieron a disposición de la Contraloría General de la República la totalidad de los antecedentes arrojados por una reciente auditoría externa. La acción tiene como principal objetivo iniciar los sumarios administrativos correspondientes y perseguir las responsabilidades civiles o penales contra quienes resulten responsables de un millonario desfalco y descontrol financiero.
Al respecto, el gobernador regional, Diego Paco Mamani, informó que el Consejo Regional solicitó de forma unánime financiar esta revisión en marzo de 2025, a raíz de la desconfianza ciudadana generada en años anteriores por faltas administrativas y posibles casos de corrupción.
«La Ley y la ciudadanía nos demandan actuar con absoluta transparencia, probidad y eficiencia administrativa. Por ello, frente a la detección de cualquier eventual irregularidad, nuestro deber ineludible como autoridades regionales es denunciar y poner los antecedentes a disposición para que las instituciones actúen con todo el rigor correspondiente», manifestó el gobernador.
A nombre de los consejeros presentes, Ignacio Gómez fue enfático en señalar el rol activo del cuerpo colegiado. «Estamos haciendo uso de nuestra facultad como consejeros regionales de fiscalizar, de poner en conocimiento a Contraloría General de la República esta información. Cabe recalcar que esto es parte del proceso de la auditoría, que todavía sigue un curso. Vamos a esperar lo que dice Contraloría al respecto. Esperemos que esto pueda ser tomado con la seriedad que necesita, debido a los posibles hechos graves que pudieran haber acá», recalcó.
El detalle de los hallazgos
La grave situación financiera y de descontrol administrativo quedó al descubierto tras conocerse los resultados finales del estudio ejecutado por la empresa Fortunato y Asociados Ltda., el cual evaluó la razonabilidad e integridad de los estados financieros del GORE Arica y Parinacota para el periodo 2021–2024. El documento expone un patrón de negligencia institucional en el resguardo del erario regional, revelando que la deuda total por transferencias reintegrables no rendidas ni devueltas por organismos públicos y privados asciende a $95.486.967.000.
El hallazgo más crítico del informe apunta a la omisión y falta de fiscalización de la gestión anterior. En 2021, el Consejo Regional de la época ya había encargado una auditoría para evaluar el periodo 2017– 2020, la cual arrojó una deuda existente de $63.833.499.000. A pesar de tener conocimiento formal de este millonario monto pendiente y de las recomendaciones para su cobro, la administración pasada no aplicó medidas de resguardo ni ejecutó acciones administrativas para restituir los recursos.
Esta inacción permitió que la deuda por proyectos no rendidos o no finalizados se incrementara de manera sostenida en $31.653.458.000 durante su propio mandato. Este aumento desmedido solo se estancó en 2024, coincidiendo con las investigaciones penales y fiscalizaciones masivas del Ministerio Público y la Contraloría a nivel nacional por el denominado «Caso Fundaciones».
A la acumulación de estos recursos no restituidos se suma un grave descuadre entre los registros contables del Gobierno Regional y las bases de datos de la Contraloría General de la República. La auditoría constató una desviación de $7.340.332.000 para el periodo en revisión, originada por múltiples ajustes a cuentas de resultado y patrimoniales que carecen de justificación técnica y respaldo documental.
Asimismo, la revisión identificó severas irregularidades operativas en diversas áreas del GORE, tales como presupuestos de proyectos sin composición de costos detallada, conciliaciones bancarias con movimientos no aclarados y falta de información sobre los activos institucionales y bienes depreciables.
