El diputado respaldó un proyecto de ley que autoriza el uso de agentes encubiertos en Internet para investigar delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El diputado Jorge Díaz anunció su voto favorable al proyecto de ley que fortalece las capacidades del Estado frente al aumento de estos delitos en entornos digitales y contempla estrictos controles judiciales. Permitirá el uso de agentes encubiertos en plataformas digitales para investigar delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Durante su intervención en la Cámara, sostuvo que el Estado debe contar con herramientas acordes a los desafíos tecnológicos que enfrentan las investigaciones criminales, especialmente ante el crecimiento de las redes de explotación que operan en espacios virtuales cerrados.
“Cuando estamos hablando de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el Estado no puede quedarse atrás frente al uso de tecnología”, afirmó el parlamentario. Agregó que actualmente los agresores no solo actúan en espacios físicos, sino también en redes sociales, aplicaciones de mensajería, videojuegos y comunidades digitales donde contactan, engañan, extorsionan e intercambian material de abuso ocultándose bajo el anonimato.
La iniciativa autoriza expresamente el uso de agentes encubiertos en Internet, previa solicitud del Ministerio Público y con autorización de un juez de garantía. Según explicó Díaz, esta herramienta permitirá ingresar a entornos digitales donde operan redes de explotación sexual infantil para observar, recopilar evidencia e identificar a los responsables.
Durante el debate legislativo se dieron a conocer cifras que reflejan la magnitud del problema. Entre 2017 y 2024, los ingresos por delitos de violencia sexual aumentaron un 110%. Asimismo, los casos de violencia sexual digital crecieron un 32% entre 2023 y 2024, mientras que los ingresos por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 17% entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025.
El diputado destacó además la realidad de la Región de Arica y Parinacota, donde, de acuerdo con datos de Fundación Amparo y Justicia, se registró durante 2024 la tasa más alta del país de denuncias por delitos sexuales contra menores de edad, alcanzando 1.258 víctimas por cada 100 mil niños, niñas y adolescentes, casi el doble del promedio nacional. En términos absolutos, se contabilizaron 822 víctimas.
A ello se suma una disminución en las formalizaciones de este tipo de delitos en la región, las que descendieron desde un 15,53% en 2018 a un 4,77% en 2024. “Si tenemos una región con alta tasa de denuncias y baja formalización, es evidente que necesitamos mejores herramientas investigativas, especialmente cuando estos delitos se trasladan a entornos digitales cerrados”, señaló.
Díaz enfatizó que el proyecto incorpora resguardos para evitar abusos, entre ellos el control judicial obligatorio, la prohibición de inducir la comisión de delitos, la trazabilidad de las actuaciones, el resguardo de la cadena de custodia y la protección de las víctimas.
“Voto a favor porque proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes exige que la ley avance al ritmo de los desafíos del siglo XXI”, concluyó el parlamentario.
