El alcalde Gerardo Espíndola mostró su preocupación por las garantías educativas vulneradas en Arica, dejando a miles de niños, niñas y adolescentes sin las condiciones idóneas para estudiar.
Miembros de la comunidad estudiantil de Arica llegaron hasta el edificio Consistorial, para sostener una reunión con el alcalde Gerardo Espíndola por la serie de despidos masivos que afectan a diversos colegios públicos de la ciudad, desmantelando equipos docentes conformados para la temporada escolar 2022 y afectando, paralelamente, a miles de niños, niñas y adolescentes.
La principal preocupación recae en los propios apoderados y apoderadas, especialmente de padres cuyos hijos pertenecen al Programa de Integración Escolar, PIE. Son más de 2.000 niños, niñas y adolescentes que en Arica estudian gracias a este programa, el que sufrirá la mayor cantidad de desvinculaciones a nivel regional.
Desmantelación de cuerpos docentes
Para los padres, el problema recae en que sus hijos fueron matriculados en establecimientos que contaban con unas características que para el 2022 ya no serán las mismas, debido a la desmantelación de los cuerpos docentes. Hay casos, incluso, de alumnos y alumnas que no quieren ir al colegio porque sus tutores ya no estarán, con quienes se ha creado un vínculo por años que resulta crucial para la educación diferencial.
A nombre de los apoderados, asistentes de la educación y docentes, Mario Díaz Zambrano, psicólogo y coordinador del PIE en la escuela Esmeralda, indicó que “principalmente nos da tranquilidad desde el punto de vista que creemos que la comunidad está con nosotros, entiende que la problemática es grave, se están vulnerando los derechos de los niños y niñas con discapacidad”.
Junto con ello, recalcó que “el Servicio Local de Educación se está escudando en un decreto, pero ninguno de ellos está por sobre la ley de los niños. Nosotros necesitamos que la comunidad sepa que esta lucha tenemos que darla por la educación pública, porque aquí se están desmantelando equipos y genera una educación pública que no es de calidad”.
Total apoyo
Desde el municipio, en tanto, el alcalde Gerardo Espíndola puso todas las herramientas a disposición de la comunidad educativa, dado la gravedad de la situación que pone en riesgo las garantías educativas para miles de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, el jefe comunal indicó que a disposición estarán las oficinas comunales de Discapacidad e Infancia, así como también la Defensoría Ciudadana para asesorar en materia legal a los padres y apoderados.
“Luego de conversar con apoderados y apoderadas de niños y niñas con algún tipo de discapacidad cognitiva o sensorial, establecemos como nuestra principal preocupación el cómo el Estado garantizará el derecho a la educación de estos niños, niñas y adolescentes”.
El jefe comunal recalcó que, si hoy no existe la capacidad financiera para mantener al recurso humano, es menester del Estado proveerla. “Si es que hoy el SLEP no tiene la capacidad de mantener a estos profesionales y técnicos trabajando en las aulas, tiene que ser el Estado el responsable de que esto ocurra. Para esto hoy estamos conversando y levantando este diagnóstico y poder trabajar en buscar algún tipo de solución que garantice la educación de los niños, niñas y adolescentes”, señaló.
