Polémica Por Cajas de Alimentos : Cores Piden Renuncia de Intendente y Administrador Regional
14 junio, 2020   //   Nacional, Sociedad

Declaración Pública

 

El día de hoy, domingo catorce de junio de 2020, a las 10:40 hrs., se convocó a Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional para analizar los graves hechos dados a conocer a la opinión pública a raíz de una denuncia ante la Contraloría General de la República, por posibles irregularidades en la contratación del proveedor, por la adquisición de 22.375 canastas familiares por emergencia sanitaria COVID – 19 en la Región de Arica y Parinacota.

En la comisión de Régimen Interno participó la totalidad de los Consejeros Regionales, Consejera Ximena Valcarce Becerra y de los Consejeros Alejandro Diaz Carvajal, Gary Tapia Castro, Zenón Alarcón Rodríguez, Jorge Diaz Ibarra, Sergio Lopez Villazón, José Lee Rodríguez, Mario Luza Espinoza, Lucio Condori Alave,  Claudio Acuña Lecblanc, José Pedro Barboza Barrios, Diego Paco Mamani, Claudio Huerta Valenzuela y Carlos Ferry Campodónico, acordando lo siguiente:

 

El 12 de Junio, la Contraloría determinó REPRESENTAR el contrato realizado por la Intendencia Regional, por posibles actos irregulares en la compra y adjudicación a la empresa Tobar y Tobar. Esto se traduce en RETROTAER el proceso de adjudicación, realizar los trámites administrativos para salvaguardar los recursos del estado e iniciar los procesos administrativos para que asuman sus responsabilidades quienes resulten responsables. Por ende, se ha detenido la entrega de canastas sociales siendo que se han entregado menos de un tercio del total comprometido. Además, esto significa realizar un nuevo proceso de compra, lo que genera una gran preocupación respecto de los tiempos que esto requiere. Mientas tanto las familias más vulnerables de nuestra región no pueden continuar esperando la necesaria ayuda social por culpa de la irresponsabilidad de las autoridades regionales.

 

El día 6 de Abril el Consejo Regional aprobó los recursos del 5% de emergencia del FNDR, para realizar la compra de canastas familiares, equipamiento de protección personal, programas de atención a los adultos mayores, entre otros. Se realizaron innumerables comisiones de trabajo para establecer criterios en común con el Intendente Regional, por intermedio del Administrador Regional, para asegurar que existieran las mejores condiciones para la entrega expedita de las ayudas que tanto necesitaba nuestra población regional.

 

Luego de aprobados los recursos, en reiteradas ocasiones se solicitó celeridad en la entrega, así como información respecto del proceso de compra como de entrega, ya que nuestra región estuvo un mes en cuarentena sin contar con las condiciones necesarias para asistir a los habitantes más vulnerables. Lamentamos que el proceso se haya realizado en total hermetismo impidiendo nuestra correcta fiscalización y generando mucha confusión en la población.

 

Por lo que exigimos por UNANIMIDAD del Consejo Regional:

1° Que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Interior, realice una intervención directa en la región para tomar las medidas para enmendar esta grave irregularidad.

2° Toda vez que es el Gobierno Central quien anunció que estas entregas forman parte del Plan Nacional “Alimentos para Chile” es el mismo quien debe tomar las medidas del caso, evitando que las familias ariqueñas continúen la tensa espera e incertidumbre por esta urgente ayuda social.

 3° Demandamos se dispongan los recursos centralizados para realizar la licitación o trato directo inmediato a través de una transferencia a la institución que pueda cumplir con la entrega de las cajas con celeridad y transparencia, incorporando al Consejo Regional en la determinación de criterios y fiscalización del proceso.

 

Asimismo, por Mayoría Absoluta del Consejo Regional:

4° Exigimos al Presidente de la República y al Ministro del Interior, la inmediata renuncia a sus cargos al Intendente Regional, Roberto Erpel Seguel y al Administrador Regional, Giancarlo Baltolú Quintano y todos quienes resulten responsables administrativos, por cuanto se ha perdido la confianza legitima en la capacidad de liderar y asegurar la transparencia del proceso de entrega de estas ayudas sociales y por ende, la capacidad de enfrentar la grave crisis sanitaria y socio económica por la que atraviesa nuestra región. Situación que se ve agravada por la suspensión en la entrega de canastas familiares, perjudicando a las familias de la región que están esperando el beneficio, debiendo asumir una responsabilidad social y política en la materia.

 

Nos preocupa profundamente el esclarecimiento de los hechos y el avance de la investigación en la Contraloría General de la República, para lo cual estamos disponibles para  entregar toda la información que esta requiera, esperando que de haber alguna irregularidad dolosa, esta sea perseguida con todo el peso de la ley, pues en este contexto de gran flagelo social que sufre nuestra población, nos parece inconcebible que alguien pudiese querer enriquecerse o acceder a recursos públicos de manera ilícita y a costa del desamparo de los más vulnerables.

 

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