Los establecimientos educacionales que, por diferentes motivos, han sido categorizados como de desempeño insuficiente dentro del sistema de fiscalización del cumplimiento de los estándares que tiene la Agencia de Calidad de la Educación, se sienten amenazados ante un eventual cierre.
Por este motivo, en el Senado se encuentra actualmente en discusión, un proyecto de ley que evita el cierre de escuelas por desempeño deficiente. “Es un despropósito revocar el reconocimiento oficial de un establecimiento educacional, esto solo perjudica a una comunidad educativa completa, integrada por una multiplicidad de actores, sin hacer antes un esfuerzo, dando confianza a los equipos directivos y analizando las causas que lo llevan a ser calificado como de desempeño insuficiente”, aseguró Insulza.
A juicio del parlamentario “el Estado abdica completamente de su posibilidad de recuperar estos alumnos, cierra el establecimiento y los pone en la calle, los saca del sistema, teniendo en cuenta que el 70% de las escuelas que podrían verse en esta situación son liceos y escuelas públicas ¿Desde cuándo volvemos a aplicar castigo a procesos sociales y que no son sancionables como si se tratara de una ley penal?”
Según el legislador socialista, este proyecto “está orientado en la línea de apoyar y fortalecer el sentido de los servicios locales, enfatizando prioridades de corto y mediano plazo, en orden a revisar los apoyos que requieren los docentes, los alumnos y sus familias, los liderazgos directivos más pertinentes”.
“El compromiso del Estado es volver a incluir a los estudiantes que han sido expulsados del sistema, especialmente, en un contexto de crisis global, en el que se estima aumentará el porcentaje de deserción escolar”, afirmó el senador Insulza. Sobre esto último, añadió que “la tarea de la escuela es retener y recuperar matrícula, abrirse a la comunidad, apoyar en la alimentación vía JUNAEB, disponer de programas de salud mental y no agudizar los conflictos sociales cerrando escuelas”.
Para el parlamentario este proyecto es “una alerta a las distorsiones que se han provocado a partir de las mediciones como algo sagrado, que no han ayudado a las comunidades educativas a mejorar, analizar y reflexionar sobre sus resultados, sino que solo se ha traducido en un ranking competitivo que llevaba, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, a los establecimientos educacionales a seleccionar y discriminar”.
Finalmente, el senador Insulza subrayó que “no hay familia que quiera que sus hijos asistan a una escuela que tiene cartel de insuficiente y tiene derecho a pedir que si se la considera insuficiente, no se le cierre, sino que se la mejore; sin duda, se abre una discusión entre nosotros respecto a qué entendemos por calidad de la educación y cual entendemos que tiene que ser el rol del Estado en esto”.
