Con la presencia del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el Fiscal Regional, Mario Carrera, y el Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana, se realizó la firma del compromiso que dotará de más recurso humano al Ministerio Público para fortalecer su labor investigativa en el marco del combate a la delincuencia y al crimen organizado en la Región de Arica y Parinacota.
Esta iniciativa permitirá enfrentar uno de los desafíos más importantes que existen en la región, en términos de seguridad pública, como es la criminalidad organizada, en donde el rol del Ministerio Público resulta fundamental. “Este convenio de colaboración y apoyo materializa la intención del Gobierno de ser colaboradores en la labor del Ministerio Público en la persecución de los delitos y en particular del crimen organizado”, destacó el subsecretario Monslave.
Según explicó el persecutor regional, Mario Carrera, la iniciativa corresponde la contratación de 5 profesionales que potenciarán el trabajo de análisis e investigación inteligenciaque realiza la Fiscalía Regional.
La necesidad fue presentada por la Fiscalía Delegado Presidencial, Ricardo Sanzana, quien lo hizo presente a la Subsecretaría del Interior, “con la finalidad de conseguir mayores recursos para el análisis de la criminalidad vinculada al crimen organizado en la Región”, subrayó Carrera.
El persecutor destacó que “este es un acuerdo de voluntades, de seguir trabajando en esta línea, ya que este proyecto como tal que ya está bastante avanzado y que cuenta con el patrocinio del Ministerio del Interior”.
Finalmente, Carrera resaltó los esfuerzos y la colaboración entregada por la Delegación Presidencial y muy especialmente por la Subsecretaría del Interior en esta materia, considerando “que se ha observado una transformación de las redes locales arraigadas a modernas redes transnacionales criminales. Por ello, el crimen organizado no puede considerarse un delito en sí, sino más bien una forma ilegal de hacer negocios, concebido como un fenómeno complejo, diversificado, dinámico y multifacético que, justamente, requiere de esfuerzos multivariados de distintas instituciones del Estado para prevenirlo, identificarlo, perseguirlo, sancionarlo y anularlo”.
