-La memoria histórica y ambiental es la mejor herramienta para exigir leyes más estrictas, mejores tecnologías y una mayor conciencia colectiva capaz de generar cambios y un compromiso real con el entorno.
-Las investigaciones por crímenes vinculados al crimen organizado, Los Gallegos expusieron la violencia que afectó al sector. Años después, el desalojo de viviendas y el inicio de las demoliciones buscan cómo garantizar una recuperación duradera.
La instalación de una organización criminal vinculada al Tren de Aragua denominada Los Gallegos en Cerro Chuño, los homicidios y las investigaciones policiales convirtieron al sector en un foco de preocupación para la seguridad de Arica y Parinacota. Tras años de intensos operativos, se inició en julio de 2026 el proceso de desalojo y demolición de la primera etapa, acción que busca recuperar terrenos contaminados y dejar atrás el pasado negro de Cerro Chuño. La interrogante es si esta intervención permitirá evitar que se reproduzcan las condiciones que facilitaron las ocupaciones y el control criminal en épocas pasadas.
La historia reciente de Cerro Chuño no puede entenderse únicamente desde la seguridad. La erradicación de viviendas vinculadas a la contaminación por polimetales dejó un conjunto de inmuebles desocupados que, con el tiempo, volvieron a ser utilizados, pese al alto riesgo que presentaban para la salud de los ocupantes. En ese escenario, el sector pasó a albergar asentamientos irregulares y se convirtió en un territorio donde posteriormente se concretó la instalación de organizaciones criminales.
La investigación de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota permitió identificar en 2022 la presencia de Los Gallegos, organización descrita por el Ministerio Público como brazo operativo del Tren de Aragua en la región. El caso reveló una dimensión que trascendía los problemas habituales asociados a las ocupaciones irregulares: investigaciones por homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas y otros delitos graves.
En una entrevista en el diario La Tercera, el fiscal regional Mario Carrera explicaba la lógica de terror y control territorial atribuida a Los Gallegos. “Encontrábamos cuerpos que estaban directamente ejecutados, que habían sido torturados, y puestos en lugares donde fueran visibles para el resto. O sea, tampoco con un afán de esconderlos, porque lo que buscaban ellos era generar esa sensación de miedo en los demás grupos para que vieran lo que les podía pasar si no se sometían a esta organización”.
Carrera lideró la indagatoria que permitió conseguir condenas que sumaron más de 500 años de cárcel para 34 integrantes de Los Gallegos después de arduas investigaciones que permitieron identificar el actuar de la agrupación. La tarea fue en extremo compleja debiendo sacar de la región a un persecutor amenazado y en el que incluso se descubrió un plan para atentar con un auto bomba contra el tribunal que condenó a los imputados. En Cerro Chuño asesinaron, torturaron, esclavizaron mujeres para el comercio sexual y traficaron droga.
El fiscal explicó que en el caso de Los Gallegos, las víctimas encontradas sepultadas con cemento al interior de bolsas, “son más bien gente interna, por decirlo de alguna manera… habían de una u otra manera participado en la organización, de manera directa o indirecta, pero que se habían salido de los cánones esperados, digamos, dentro de la organización”, apuntó.
Los procedimientos realizados entre 2022 y 2024 permitieron detener a integrantes de la banda y avanzar en investigaciones de gran complejidad. Sin embargo, los nuevos allanamientos y antecedentes sobre posibles rearticulaciones criminales plantearon interrogantes respecto de la capacidad de las organizaciones para mantener o reconstruir sus redes.
En noviembre de 2024, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó a 34 integrantes de Los Gallegos. El proceso se convirtió en uno de los casos más relevantes de persecución penal contra el crimen organizado transnacional en Chile, pero pese a los resultados judiciales, la situación de Cerro Chuño continuó siendo objeto de preocupación por las ocupaciones irregulares, los riesgos sanitarios y las dificultades para recuperar de manera permanente los terrenos.
Intentos y demoliciones previas
Antes de la instalación del crimen organizado en el sector, y pese a que debió haber sido demolido desde 2009, como lo señaló la ministra presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Ana Lya Uriarte, hubo demoliciones e intentos por hacer desaparecer el sitio contaminado, como el mandato gubernamental que, a raíz de la Ley N°20.590 de Polimetales, establecía la importancia de demoler las más de 800 casas que fueron declaradas inhabitables. Pero en 2013 se vivió la primera paralización, considerando que autoridades del periodo mencionaron que se ponía aún más en riesgo la salud de los ya afectados por la polución.
Posteriormente, un fallo judicial impidió la demolición el 2017 y otro fallo en 2021 obligó al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a pagar el agua potable en las casas tomadas. De este modo, en el primer caso, la Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso interpuesto por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), paralizando la demolición de las casas contaminadas dispuesta por la entonces Gobernación de Arica.
Luego, en 2021, se acogió el recurso de protección presentado ante la Corte Suprema para evitar el corte de agua considerando que el Serviu se negó a pagar millonarias cuentas del suministro en las casas tomadas y cuyos ocupantes habían restituido el servicio, cortando los sellos de clausura de los medidores. La Suprema indicó que “constituye un derecho humano básico el acceso al agua en condiciones salubres y dignas, máxime considerando la situación de emergencia sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia por Covid-19, de manera que en estas condiciones no es posible limitar el acceso de las personas al suministro regular de agua potable, por lo que la decisión de la recurrida Serviu de Arica y Parinacota aparece como ilegal y arbitraria…”.
Recuperando el territorio
En 2026, el Estado avanzó hacia una intervención que contemplaba el desalojo de viviendas ocupadas, su posterior inhabilitación y demolición, además de medidas de protección social y manejo sanitario de los residuos.
Después de múltiples coordinaciones interinstitucionales, de un detallado catastro de personas que habitan el sector, más la aprobación de recursos del Gobierno Regional, el 25 de julio comenzó la primera etapa del proceso, que comprendió 220 viviendas en un área de 2,6 hectáreas. La operación fue coordinada por la Delegación Presidencial Regional y contó con la participación de distintas instituciones públicas.
El delegado presidencial regional, Cristián Sayes explicó que estas acciones daban cumplimiento a un compromiso asumido con la región, con el fin de avanzar en una intervención que durante muchos años fue postergada. “Este operativo fue planificado durante meses para resguardar la seguridad de todos los participantes, garantizar el cumplimiento de la ley y proteger especialmente a las personas que requerían apoyo del Estado. A partir de ahora comienza una nueva etapa con el cierre del sector y el inicio de las obras de demolición”.
Es así como ya se está en la demolición y el depósito de los residuos de esta primera etapa en Quebrada Encantada, un hito que la comunidad valora y agradece, pues parece ser el principio del fin de una historia marcada por la contaminación, el abandono, la delincuencia y el terror.
Sayes explicó que en enero de 2027 se piensa continuar con las etapas 2, 3 y 4 en Cerro Chuño, abarcando las más de 500 casas que quedan por desalojar, inhabilitar y demoler. “Comenzaremos la licitación para la adjudicación de la etapa de inhabilitación de las casas y su posterior demolición en el segundo semestre de 2027. El proceso será el mismo de la primera etapa: sacar todo, limpiar, retirar los techos, sacar los elementos que haya que sacar, inhabilitar, hacer el cierre y luego la demolición. Ya tenemos los recursos que permiten hacer la licitación para las etapas 2,3 y 4”.
Ahora bien ¿cómo se asegura que el terreno no sea nuevamente tomado? Sayes explicó que se espera realizar un cierre de concreto, además de crear un máster plan que permita analizar cuál es el mejor destino para las 14 hectáreas de terreno. Aseguró que el Presidente José Antonio Kast encargó la elaboración de esta planificación que, después de décadas de olvido podrá dar una nueva vida al sector.
Memorial
La intervención de Cerro Chuño representa un cambio en la estrategia estatal frente a un problema que combina contaminación, ocupación irregular, vulnerabilidad social y seguridad pública. Sin embargo, la demolición de las viviendas no equivale, por sí sola, a resolver todos esos factores. El desafío será determinar si la recuperación territorial se acompaña de vigilancia sostenida, control de nuevas ocupaciones y gestión ambiental.
Ingrid Chacana, ex habitante de la Villa El Solar, recordó cómo después de la erradicación realizada para sacar del lugar a las personas afectadas por contaminación por polimetales logró una nueva vida. “Nos entregaron nuestras nuevas viviendas, estábamos súper contentos con nuestras casas, dejando atrás años de contaminación y abandono. Hubo vecinos que se quedaron hasta el final, otros arrendaron sus casas en Cerro Chuño. Veíamos nuestros antiguos pasajes con personas con grandes vehículos, con negocios, con gente que no tenía ni el más mínimo respeto por el otro y eso más rabia nos daba, porque era una impotencia saber que vivía gente que tal vez no era de buen vivir”.
La ex presidenta de la junta de vecinos de la Villa El Solar, Pamela Muñoz, dijo que el sueño de varios residentes de Cerro Chuño, de esos a quienes se les entregaron las casas en la década del 90, mucho antes de la instalación de las bandas criminales, les gustaría algo que recuerde el antes, durante y después del sector. “Nos gustaría cuando ya terminen las demoliciones, ver cómo quedó el lugar donde vivimos por más de 20 años, y eso contrastarlo con lo que sabemos de cómo lo dejó la gente que se instaló allí porque el Estado no hizo la pega bien, ocupando lo que eran nuestras casas”.
En ese sentido, un memorial sería una buena idea. Aunque ella espera que, cuando sea el momento de la demolición de los pasajes de ella y sus vecinos, poder ir presencialmente y recordar lo que era el lugar y en lo que terminó todo. “Sería bonito ver ese pasaje por última vez, tomar fotos o grabarles a los vecinos para mostrarles cómo quedó Cerro Chuño y lo que eran sus casas. Nosotros somos diferentes a otras dirigentes, a nosotros no nos alegra la demolición, porque hay un cariño, éramos muy unidos en ese sector, y si no hubiese sido por todo lo que pasó, hubiéramos seguido allí, y le prometo que el lugar sería hermoso. Es lamentable todo lo que pasó”, culminó.
