En conjunto con la Bancada Liberal, el diputado Luis Malla presentó un proyecto que solicita al Presidente de la República medidas legislativas, reglamentarias y políticas que permitan promover el trabajo remunerado para personas que se encuentran internas en recintos penitenciarios.
Esta iniciativa busca hacerse cargo de una problemática en la cual el Estado se ve obligado a invertir altos ingresos para la mantención de los reos, quienes, con el sistema actual, no tienen un proceso de reinserción que les permita evitar volver al delito. Frente a esto el diputado Malla señala: “Una persona privada de libertad le cuesta al Estado entre 600 mil y 1 millón de pesos, es un costo que tiene que asumir el Estado, o sea, todos nosotros. Las personas privadas de libertad también pueden apoyar y aportar con trabajo, no solo a su reinserción, sino que también al costo que significa mantenerlos privados de libertad. Este proyecto le pide al gobierno que las personas privadas de libertad puedan trabajar y aportar al país mientras están en la cárcel y a su propia reinserción al momento de salir”.
El proyecto a su vez explica que toda persona tiene derecho al trabajo, siendo éste la base para la realización de otros derechos humanos y para el desarrollo de una vida digna. Por ello, incluso en el caso de condenas de presidio efectivo, en que se limita el derecho a la libertad de una persona, debe respetarse y promoverse el ejercicio de todos los demás derechos que les asisten, inherentes a su naturaleza de ser humano. El régimen penitenciario tiene por finalidad la reforma y la readaptación social de los penados. Por ello, el fomento de la empleabilidad de quienes cumplen o han cumplido condena resulta crucial, toda vez que se constituye en un factor que amplía y fortalece las competencias del individuo, le otorga estabilidad, lo inserta en un espacio comunitario, creando lazos o redes de apoyo social y, por ende, lo ayuda a superar su situación de vulnerabilidad inicial.
Según cifras del año 2016, incorporadas en el estudio del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en Chile habían 49 mil personas privadas de libertad y sólo un 31,5% de estas logra participar en alguna actividad laboral, es decir, 15.202, y apenas 1.750 internos se capacitaron en 2016 en competencias de empleabilidad, a través del convenio Sence-Gendarmería 4 . De lo anterior, se deduce que la gran mayoría de internos dedica todo su tiempo al ocio, lo que en un contexto carcelario probablemente conduce al contagio de conductas criminógenas o viciosas.
